La Fiscalía de Ceuta solicita un total de 84 años de cárcel para J.A.G. el trabajador de 52 años del Plan de Empleo destinado en el CEIP Lope de Vega que presuntamente cometió en concepto de autor una docena de delitos continuados de abusos sexuales sobre menores de corta edad tanto en los baños del colegio en el que estaba destinado encargado de tareas de mantenimiento como en otros espacios como su vivienda o la calle.

Según la calificación jurídica de los hechos elaborada por el Ministerio Público a la luz de las diligencias instruidas desde la detención del sujeto, el 6 de marzo del año pasado, debería ser condenado a doce años de cárcel por cada uno de los dos delitos de abusos sexuales con agravantes específicas de acceso carnal por introducción de miembros corporales y de escaso desarrollo intelectual de las victimas que se le atribuyen.

Otros sesenta años tendría que afrontar por diez delitos continuados de abusos solo con la agravación específica de escaso desarrollo intelectual de las victimas,en estos casos a razón de media docena por cada uno de ellos.

La Fiscalía considera que "no concurre circunstancia modificativa" de su supuesta responsabilidad criminal y que a la pena de privación de libertad debería añadirse otra de libertad vigilada durante diez años más.

Además, estima que también procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse y comunicarse con las menores "a menos de 500 metros en cualquier lugar en que éstas se encuentren, en su domicilio, lugar de estudio y/o futuro domicilio laboral por un periodo de tiempo de 36 años.

El acusado quedaría, de estimarse la petición de condena inicial del Ministerio Público, inhabilitado para "el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad" por cinco años más que las penas de prisión señaladas.

Para terminar, la Fiscalía precisa que en concepto de responsabilidad civil el acusado debería responder de manera directa y tanto el Ministerio de Educación como la Ciudad Autónoma de forma subsidiaria "por los perjuicios morales causados" de una indemnización de 60.000 euros "a cada uno de los representantes legales de las menores afectadas por los hechos".

El procesado, que permanece en prisión provisional desde su arresto, fue detenido después de que un vecino denunciase un presunto caso de abusos sexuales en su garaje sobre una menor escolarizada en el mismo centro educativo donde trabajaba. Los investigadores de la Policía Nacional empezaron a recabar los testimonios de otras niñas con entre 6 y 10 años para intentar corroborar que hechos parecidos pudiesen haberse tenido lugar en el centro educativo, indagaciones que permitieron ampliar las diligencias hasta el volumen que han alcanzado.