La Fiscalía ha pedido a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta que mantenga paralizadas las repatriaciones de menores migrantes solos desde la ciudad autónoma a Marruecos, tal como acordó el pasado lunes en un auto que tenía como beneficiarios directos a nueve jóvenes, aunque las administraciones acordaron hacer extensiva la medida sobre los 700 que siguen acogidos desde la avalancha de mediados de mayo.

Según han explicado fuentes jurídicas, el Ministerio Público entiende que “persisten las mismas circunstancias” que la jueza apreció en su primer auto de medidas cautelares, en el que consideró “acreditada” una vulneración del hecho de que “nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen”.

Además, la Fiscalía opina que ese mismo criterio ha sido respaldado por la Audiencia Nacional en el auto dictado este miércoles que advierte que el propio Acuerdo de 2007 entre España y Marruecos al que apelan el Ministerio del Interior y la Ciudad Autónoma como referente de su actuación establece que la legislación nacional es de “obligado cumplimiento”.

La magistrada de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta dio 72 horas tanto al Ministerio Público como a la Delegación del Gobierno para alegar antes de pronunciarse de nuevo sobre el mantenimiento o revocación de las medidas cautelares impuestas.