La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha ordenado el "sobreseimiento provisional" y, en su caso, "el archivo", de la causa iniciada hace casi tres años y medio por Comisiones Obreras (CCOO) cuando denunció a la Fiscalía la presunta existencia de "un caso de maltrato institucional a los menores" del centro de reforma de Punta Blanca "que pudiera ser constitutivo de delito de torturas, con la agravante de abuso de cargo por autoridad o funcionario público, tipificado en el Código Penal". Según el criterio de la juez, "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa", ya que "no concurre ninguno de los requisitos para poder formular cualquier tipo de imputación respecto de los educadores, monitores, vigilantes de seguridad o cualquier responsable del centro".

La resolución dictada, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, señala que durante la instrucción "no se ha determinado ningún incidente incardinable en alguna figura delictiva" más allá de "discrepancias en el uso del régimen disciplinario del centro o en la adopción de las medidas de sujeción mecánica que debieran en su caso haber sido objeto de recurso por el menor en la via administrativa pero que no configuran un desvalor de injusto suficiente para la comisión de la figura delictiva de torturas imputada".

La juez da igualmente por cierto en su auto que desde enero de 2009, cuando el sindicato denunció a la Fiscalía y la opinión pública la causa, se han practicado "cuantas diligencias de investigación se han estimado esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en ellos han participado".

El secretario de Organización de Comisiones, Ramón del Valle Inclán, ha asegurado que los Servicios Jurídicos del sindicato están trabajando ya en el recurso que formularán "el lunes" ante la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta contra la decisión del Juzgado de Instrucción al entender que los Tribunales locales nunca se han empeñado como deberían haber hecho en esclarecer el caso a fondo. "Si es necesario", ha avanzado, "se apelará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se investigue a fondo lo denunciado".

CCOO-Ceuta ha denunciado hasta en dos ocasiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la existencia de "dilaciones indebidas" en la instrucción de las diligencias previas, que han pasado por las manos de media docena de jueces. La central también ha criticado en multitud de ocasiones que la Fiscalía nunca se ha esmerado en la persecución del presunto delito denunciado por un testigo protegido y ratificado posteriormente por más de una decena de antiguos internos, entre otros testigos.

Las fuentes consultadas por este medio entre quienes siempre han defendido que en Punta Blanca jamás se cometieron "supuestas torturas" como las denunciadas por CCOO ("los menores son esposados con grilletes a las camas durante horas y, si persisten en su actitud, amarrados con correas a las mismas camas, quedando totalmente inmovilizados también durante horas"), como las representaciones sindicales de UGT y CSI.F en el Área o el Gobierno de la Ciudad, han eludido pronunciarse sobre la resolución judicial, que todavía no es firme.

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