El juez ve "conjeturas vagas" más que "indicios racionales" en la querella de 'Conciencia Libre'

- El auto de archivo deja claro que Román y Caminero no tenían competencia alguna para ejecutar la sentencia del TSJA retirando la licencia de TDT a 'Ceuta TV'

- En el ahora senador no se ha constatado una "actuación omisiva de clara y pertinaz resistencia" al cumplimiento de la resolución

- "Hubo cierto retraso en el cumplimiento del fallo de la mentada resolución judicial", asume el instructor sobre un paso que Carreira, no denunciado por la asociación, dio un año después de llegar a la Consejería de Economía, en junio de 2014

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha acordado "el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa" iniciada por 'Conciencia Libre' contra Susana Román, el interventor de la Ciudad y Guillermo Martínez porque los dos primeros, que figuraban como investigados por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y desobediencia al entender que ni la consejera ni el funcionario tenían arte ni parte en el pago entre 2012 y 2015 de publicidad institucional a 'Ceuta TV' pese a habérsele retirado la licencia de TDT por orden judicial.

"Tratándose de una decisión enmarcada dentro del ámbito de contratación de la Consejería de Economía, desde luego no podía competerles a los ahora investigados, Susana Román y José María Caminero, la primera porque al tiempo de los hechos era consejera de Fomento y nada tenía que ver con la ejecución del fallo y el segundo porque ostentaba el cargo de interventor, quedando la ejecución fuera de su marco competencial", concluye en la resolución, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com.

"En resumen", añade, "se acredita la concurrencia de una orden legítim emanada de autoridad competente cumpliendo todos los requisitos pero lo cierto es que no vinculaba a los ahora investigados por no caer dentro de los deberes de su cargo".

Sobre Martínez, que sí fue consejero de Economía en la época de la controversia, "no cabe apreciar indicio alguno de ninguna conducta reveladora de prevaricación" porque "no se ha acreditado la existencia de ninguna resolución dictada a sabiendas de su injusticia contraria a la Ley o al Derecho". "Las diferentes concesiones de publicidad a la entidad 'Ángulo de Ceuta' se concedían dentro de la más estricta legalidad", refiere el auto, que explica que el propio Martínez ha señalado que actualmente esa empresa sigue recibiendo dinero público "a través de su emisión vía Internet".

Ni prevaricación ni, disecciona el juez, "ninguna malversación ni mayor o menor". "El foco de atención de la querella, una vez adentrado en su lectura, gira en torno al presunto delito de desobediencia a autoridad judicial pero no se habla de ninguna cantidad malversada ni de ningún tipo de daño al servicio al que iba destinada", estima.

Tampoco ha tenido éxito 'Conciencia Libre' con la imputación de desobediencia. Sobre Román y Caminero, porque "la ejecución del fallo de la sentencia quedaba fuera de sus competencias" y "es imposible ejecutar aquello para lo que uno no tiene atribuciones". Con Martínez, invitado a declarar como testigo al ser imputado, tampoco se han visto "indicios racionales de criminalidad" más allá de "mera suposiciones o conjeturas vagas e imprecisas".

El ahora senador, que fue sustituido en junio de 2013 por Carreira, que no ha sido denunciado por la asociación que preside Luis María Fernández, estaba al frente de la Consejería de Economía cuando recibió "una orden legítima emanada de autoridad competente", primer elemento para el posible delito de desobediencia, pero no se aprecia "actuación omisiva de clara y pertinaz resistencia".

"Fue su sucesor en el cargo, el señor Carreira, quien procedió a cumplir el fallo en junio de 2014", relata el juez, que asume "que hubo cierto retraso en el cumplimiento del fallo de la mentada resolución judicial" del TSJA. "De toda la documentación aportada", contrapone, "no se puede apreciar en Martínez una negativa abierta a cumplir pues no consta que supiera cuáles pudieran ser las consecuencias legales de su no actuar". "No constan acreditados requerimientos personles en la persona del senador que hagan pensar en un retraso malicioso y contumaz, como digo, y así las cosas no resultará necesario elevar la causa al Tribunal Supremo", remacha.

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