El Pleno del Congreso aprobó la semana pasada una moción en la que llama a incluir en el Código Penal los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido
El IES Clara Campoamor se ha convertido en víctima colateral directa de la irrupción de okupas en la promoción de viviendas protegidas de Huerta Téllez. Los asaltantes de las casas han apedreado el centro educativo desde el inmueble anexo tanto el lunes como el martes y no solo han causado la rotura de tres ventanas sino que también han obligado a suspender las clases de Educación Física en los patios para evitar mayores riesgos a alumnos y docentes, según han lamentado fuentes del equipo directivo del instituto en declaraciones a Ceutaldia.com.
El lanzamiento de piedras sobre el instituto se ha registrado tanto durante la primera jornada de ocupación, el lunes, como durante la segunda, el martes. Además, el acceso al centro para los miembros de su comunidad educativa también se está viendo dificultado.
Fuentes de la Consejería de Gobernación también han transmitido a Ceutaldia.com la estupefacción de los agentes de la Policía Local que han sido igualmente apedreados desde las viviendas ocupadas, en parte por adjudicatarios de la misma y en parte por vándalos con aparente afán lucrativo: "Te puedes esperar que te arrojen hasta una bombona, algo que haya en las casas, pero ¿piedras?", han resumido su 'sorpresa'.
Juicios rápidos para los okupas
El Pleno del Congreso aprobó la semana pasada una moción en la que llama a incluir en el Código Penal los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, así como endurecer las penas previstas y garantizar el cumplimiento íntegro del castigo. La propuesta aprobada llama a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.
En este último caso, con el fin de endurecer las penas previstas a fin de garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen su castigo, disuadir a otros de cometer el mismo delito "e impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la ocupación".
En el caso de los juicios verbales, el Congreso apoya que se decidan a través de ellos cualquier demanda que pretenda el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario.
Respecto a uno de los puntos que más suspicacias generó en el debate parlamentario, la posibilidad de que la Policía pudiera entrar en una vivienda ocupada en caso de existir indicios suficientes de que se estaba utilizando para fines delictivos particularmente graves, el texto finalmente pactado por PP y Cs recoge explícitamente que esta entrada se podrá hacer "siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda".