Reclaman seguridad en los centros educativos tras el robo de 48 portátiles en el CEIP Santa Amelia


Reclaman seguridad en los centros educativos tras el robo de 48 portátiles en el CEIP Santa Amelia

- Los ladrones entran por tercera vez en tres meses en el colegio de la periferia después de que la alarma saltase dos veces durante el fin de semana

- La directora del centro asegura que la situación de vulnerabilidad de los centros exige "soluciones urgentes"

A la tercera ha sido la vencida. Después de lograr intentarse en el colegio el 12 de noviembre y el 28 de diciembre, los vándalos han encontrado botín este fin de semana en el CEIP Santa Amelia, que ha iniciado la semana sin 48 ordenadores portátiles del programa ‘Escuela 2.0’, los que se han llevado los ladrones.

El centro de la periferia se ha incorporado así a la nómina de asaltados en busca de este tipo de computadoras, por las que ya sufrieron diferentes asaltos el IES Clara Campoamor, el IES Abyla, el CEIP Reina Sofía…

“En los dos intentos anteriores ‘solamente’ causaron destrozos, pero en esta ocasión da la impresión de que sabían perfectamente cómo y a dónde tenían que ir para encontrar lo que buscaban”, ha lamentado la directora del colegio, María Dolores Villodres. Los vándalos escalaron por el tuvo de un desagüe de la azotea y se internaron en el centro por una ventana de la segunda planta.

La empresa de seguridad que tiene contratada el CEIP registró alertas tanto el sábado, cuando sus operarios llegaron a ver a “dos adolescentes” abandonando el colegio a la carrera, como el domingo. “La situación ha escapado de nuestras manos y son necesarias soluciones urgentes, reforzar las medidas de seguridad, colocar vigilantes de seguridad por las noches y los fines de semana…”, ha reclamado Villodres.

El director provincial del Ministerio de Educación y todos los directores de centros educativos de la ciudad se reunieron a finales de enero, tras el último asalto al instituto de Huerta Téllez, para valorar la firma de un contrato común con una empresa de seguridad privada (a la vista de que la Policía Nacional no dispone de medios para garantizar la seguridad de los colegios) y la posibilidad de agilizar los protocolos de actuación actuales, que impiden a la adjudicataria avisar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad o intervenir sin reclamar la presencia de los responsables educativos.

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