La Administración opta, como en casos similares anteriores, por no solapar la investigación judicial auspiciada tras denuncia por presunta mala praxis profesional presentada por las familias de ocho niños con sus diligencias informativas administrativas, incoadas hace cinco meses.

La Consejería de Sanidad ha paralizado la tramitación del expediente informativo que abrió en octubre para aclarar las circunstancias en las que se desarrolló el campamento para diabéticos celebrado a comienzos del otoño pasado, a cuyo término las familias de varios de los niños participantes denunciaron un presunto comportamiento negligente por parte del servicio médico contratado por la Ciudad Autónoma.

Tras varias semanas de estudio por parte de los técnicos y los jurídicos del departamento que dirige Adela Nieto, finalmente la Consejería se ha inclinado por no solapar el procedimiento administrativo con el judicial, tal y como ya decidió la Administración local en casos similares como el del último incendio acontecido en García Aldave.

De esta forma, el expediente administrativo que debía resolver en un plazo máximo de seis meses (acaba de cumplir cinco) si el dispositivo sanitario encomendado al doctor Juan Antonio Márquez se había ajustado o no a los términos del contrato quedará paralizado hasta que se pronuncie la Justicia.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta es el que tramita las diligencias abiertas hace ya más de un mes por parte de las familias de ocho de los diez niños con entre 9 y 15 años que acudieron al campamento, organizado por sexto ejercicio consecutivo en el marco del Programa de Diabetes que incluye el Plan de Salud desde 2009.

Según fuentes de la parte denunciante, el Juzgado ha vuelto a requerir al Colegio de Médicos el expediente íntegro elaborado, incluido el informe solicitado a otro facultativo que no se había adjuntado. La Ciudad ya remitió en febrero sus propios trámites a la Justicia y las familias de los niños han hecho lo propio con los resultados de los medidores de glucosa de los jóvenes, que también aparecen reflejados en los dictámenes de los sanitarios que acudieron al campamento.

Presunta mala praxis

Los progenitores que han abierto la vía penal entienden que durante la actividad pudo producirse un caso de presunta mala praxis. La Fiscalía todavía no ha calificado lo que también podría tipificarse como lesiones por imprudencia. Según la Asociación Ceutí de Diabetes, “durante los días del campamento y posteriores” los niveles de glucosa de los niños participantes fueron “extraordinariamente altos en la mayoría de usuarios a niveles desde 200 hasta 501, frente a los recomendados entre 80-120”. Incluso “hubo menores que tuvieron que inyectarse su tratamiento, insulinas de acción lenta, ocultándose por miedo a que se lo negaran”.

También denunció que “se aconsejaron malas prácticas como no inyectarse insulina de acción lenta o hacer ejercicio para bajar los niveles”; “no hubo en ningún momento control de las raciones de la comida”; “se proporcionaron alimentos no adecuados como zumos azucarados y se dieron escasos alimentos saludables”; y “no se proporcionaron los controles adecuados durante las horas que tenían establecidas, ni las citadas inyecciones de insulina adecuadas o pautadas para cada persona”.

Las ocho familias que han emprendido la vía penal entienden que pudo darse un caso de mala praxis porque “en sus propios informes sobre los análisis de glucosa efectuados a los niños se recogen unos niveles extraordinariamente altos en una enfermedad en la que no se puede entender que cada facultativo tiene su propia forma de llevar una enfermedad sino que existe un tratamiento y un protocolo que ha de respetarse”.

El doctor Márquez, adjudicatario del servicio, siempre ha defendido que “en ningún momento se atentó contra la vida de ningún niño ni se puso la vida de los mismo en peligro” y que “a ninguno de ellos se le tuvo que administrar medicación por vía venosa por estar en peligro su vida, sino que sólo se les administró su insulina correspondiente”. “Somos humanitarios y nuestra labor consiste en salvaguardar la salud de nuestros pacientes y tratarlos; es una barbaridad”, rechazó, “que se diga que se puso en riesgo la vida de los niños”.