La Fiscalía cree que el INGESA está "obstaculizando" la investigación abierta tras la primera denuncia del MDyC sobre las vacunaciones realizadas en la ciudad en la primera fase del proceso de inmunización, por lo que este jueves ha pedido a la Policía Judicial de la Policía Nacional que reclame al director territorial, Jesús Lopera, uno de los que recibieron las dosis antes que personal de primera línea en tareas asistenciales, nombres y apellidos de todos los inoculados en su ámbito de gestión.

Quiere tener, concretamente, el "expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación contra la COVID-19, resoluciones (escritas o verbales) recaídas con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de las personas vacunadas hasta la fecha, con expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento, fecha de administración de la primera y segunda dosis".

El INGESA parece hacerle querido hacer a la Justicia la misma jugada que a los partidos de la oposición en la Asamblea, proporcionar sólo DNI y grupos de adscripción profesional (el PSOE y Vox fueron los únicos que acudieron a ver las listas a pesar de todo), pero el Ministerio Público no ha tragado con una lista "en la que no aparecen reflejados los nombres y apellidos de las personas vacunadas, obstaculizando e impidiendo así la correcta fiscalización del procedimiento seguido".

El oficio de la Fiscalía advierte que "en el caso de que, de forma voluntaria, la posibilidad de vacunación haya sido rechazada por personas adscritas a INGESA, se requiere aportación escrita y documental de dicha renuncia" y apercibe a Lopera de que si se niega a facilitar la documentación requerida podría incurrir en un "delito de desobediencia".

El Ministerio Público también ha instado a los directores de la Residencia Gerón, Nuestra Señora de África y Cruz Blanca que, "con carácter urgente y en un plazo improrrogable de 15 días naturales", aporten "relación de los residentes, empleados y personal de dichos centros que han sido objeto de vacunación, con expresión de sus nombres y apellidos, categoría laboral, DNI y fecha de administración de laprimera y en su caso segunda dosis".

Una vez recabada y completada la documentación, la Policía Judicial de la Policía Nacional será la encargada de elaborar "el correspondiente informe sobre la posible detección de irregularidades observadas durante el proceso de vacunación".