No son nunca buenos tiempos para ser pobre; y en la Ciudad Autónoma de Ceuta parecen ser peores que nunca a juzgar por el oscuro y tétrico cuadro pintado este jueves por el secretario de Políticas Sociales del PSOE local, Pablo Núñez. El socialista se ha ido acompañado por algunos compañeros de la Ejecutiva regional hasta la escondida puerta de Servicios Sociales en Hadú para arrancar el curso político (doblemente electoral) leyendo un manifiesto sobre la situación que atraviesan los servicios sociales que gestiona la Ciudad Autónoma de Ceuta y que dan cobijo al cada vez más nutrido grupo de población que vive al borde del precipicio social.

Núñez ha exigido desde allí “unos servicios sociales que atiendan las necesidades de la ciudadanía porque no es un capricho sino un derecho que tenemos todos los ciudadanos; que sean más eficaces y que por tanto replanifiquen cuáles son los objetivos que tienen que alcanzar a través de un plan de acción estratégica de los Servicios Sociales; que replanteen la organización de los Servicios Sociales; que se garantice con un 20 por ciento de los presupuestos generales de la ciudad, un presupuesto suficientemente amplio como para cubrir todas las necesidades primarias y urgentes de la población de Ceuta y que haya una comisión que revise si verdaderamente se están usando esos fondos en políticas y acciones sociales”.

El socialista cree que no y que es “una mentira a bombo y platillo” la que vende el Gobierno al hablar de forma constante del incremento en las partidas destinadas a ayudar al 44,5 por ciento de la población local en riesgo de marginalidad. Dinero que se acaba usando para asuntos que poco tienen que ver con sacar de la pobreza a las personas que están pasando penurias.

En una línea casi coincidente con la de Caballas, Núñez ha alertado de los peligros que supone el incipiente desembarco en la gestión de ayudas sociales de las empresas privadas. Algo que fue aprobado el pasado viernes para dos supuestos y que pondrá en manos de sociedades con ánimo de lucro la gestión de las ayudas básicas como son el pago de la luz, el agua y las ayudas alimenticias.

Núñez ha reclamado “unos servicios sociales básicos públicos, netamente públicos, y a través de profesionales públicos. Es la garantía de que se van a prestar con todo el rigor que se deben de prestar cuestiones tan urgentes como son ayudas básicas o acudir a un servicio de urgencias cuando te pones malos”.

Y como parece que ese “netamente públicos” parece estar deshaciéndose con las últimas decisiones políticas, Núñez quiere “regular la intervención de las oenegés en la gestión de las políticas sociales y por supuesto limitar bastante, con cláusulas sociales, la actividad de las empresas privadas dentro del sector de los servicios sociales. Cada vez está más cerca y es una amenaza a la eficiencia y a la eficacia. Supone alejar a la administración de los problemas de la ciudadanía”, ha denunciado Núñez.

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