Búscome, asociación "contra la discriminación y por la lucha social y la transparencia", apoya la demanda interpuesta contra la resolución del Director de la Policía Nacional de fecha 17 de mayo de 2016, notificado el 12 de noviembre de 2016, por la que se dispone el cese de la Policía Nacional que venia desempeñando, en comisión de servicio, en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, y la incorporación a su plantilla en propiedad en Cádiz, por ser un claro ejemplo de discriminación por razón de género”.

De la misma manera, la entidad también avala “la solicitud de medidas cautelares para la suspensión de dicha resolución y la protección de los derechos fundamentales a mantener sus mismas condiciones de trabajo, tal y como establece la Constitución y la Ley de Igualdad, y porque la obligación de incorporarse a su puesto de trabajo en el Puerto de Santa María no está fundamentado en razones laborales por parte de la Administración, sino más bien por cuestiones personales y por considerar que una madre no puede ejercer bien su trabajo a tener a su cargo dos niños pequeños”.

“Hay que recordar que ya hubo una denuncia previa por parte de esta familia cuando el año pasado cesaron de su puesto de trabajo a esta policía que ocupaba su plaza en comisión de servicio y estaba disfrutando de su permiso de lactancia. Como ya se dijo con anterioridad, este caso no hubiera sido tan extraño si este cese no hubiera sido el único o hubieran esperado a que terminara su periodo de comisión. Esta misma visión tuvo la justicia que le dio la razón y obligó a que se volviera a incorporar a Ceuta, porque tampoco entendió los motivos que tenía la Jefatura de Policía para, de las 24 personas que estaban en Comisión de Servicio, cesar a una mujer, que casualmente estaba disfrutando de su permiso de lactancia, para luego reforzar la plantilla con diez personas más que vinieron de la península”.

Búscome recuerda que “independientemente de que la Ley de Igualdad reconoce el derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo tras un embarazo y que esta ley también afecta en su artículo 67 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Constitución dice que todos somos iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, que la ciudadanía tiene el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y que tenemos derecho a trabajar y a satisfacer las necesidades a la vez de una familia”.

Búscome explica que “ nos pondremos en contactos con otras asociaciones que luchan por la igualdad para que este caso llegue lo más lejos posible. También esperamos que la Ciudad interceda y que la Delegación del Gobierno aprecie estas cuestiones que atentan contra la dignidad de una mujer. Quizás sería conveniente que el mismo Congreso se pronunciara sobre estas resoluciones, a depender nosotros de Madrid, y que la protección a la conciliación y a la reagrupación familiar fuera un pilar básico en la lucha por una sociedad democrática. A estas alturas es inviable que nos sigamos encontrando con estas situaciones que no tienen justificación laboral”, alerta la asociación, que espera que “esta realidad trucada de nuevo se resuelva de la manera más positiva posible”.

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