Ahora, este progresismo se solidariza demagógicamente con un sector del carbón al que no dieron soluciones viables durante años (gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero). Un sector que ha recibido infructuosamente desde 1986 más de 24.000 millones de euros en ayudas directas al objeto de reconvertir un sector deficitario y altamente contaminante. Deberíamos recordar la dura reconversión industrial sufrida por el País Vasco tras la crisis económica de los años 80 que llevo a esta región a convertirse en una de las más desarrolladas de España.

Planes de ayuda al sector del carbón que deberían haber finalizado en 2002 con el cierre de todas las explotaciones no rentables, pero la dependencia de estas zonas mineras de dichos fondos y el fracaso de los planes de reconversión iniciados para crear empleo alternativo las han ido prorrogando. Una plantilla del carbón que ha pasado de los 90.000 empleados en 1990 a poco más de 4.000 en la actualidad a través de prejubilaciones subvencionadas con fondo públicos. En la actualidad está vigente el plan 2006-2012 aprobado por los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales, quienes habían pactado como fecha última para finalizar estas ayudas el año 2018.

El plan actualmente vigente destinaba 248 millones de euros para reducir tanto la producción como las plantillas de las explotaciones deficitarias que deberían haber puesto en marcha actividades económicas alternativas que generasen nuevos puestos de trabajo. Unas ayudas que han experimentado un ajuste del 13% frente al 32% que ha experimentado en conjunto el presupuesto del Ministerio de Industria. No hay un solo sector económico en el país que tenga un presupuesto tan abultado como tiene el sector de la minería.

Pues bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, centrales sindicales y formaciones políticas de izquierdas protagonistas en las negociaciones que fructificaron en el mencionado plan 2006-2012 se solidarizan con la marcha negra del carbón arremetiendo ferozmente, al igual que sucediera en ocasiones anteriores, contra quien tan solo lleva seis meses en el Gobierno de España, circunscribiendo sus reivindicaciones exclusivamente en la disminución de las ayudas durante este ejercicio y no en una negociación del futuro de las comarcas mineras, el plan de la Minería 2013-2018, que es el que obliga la Unión Europa y sin el cual no habrá un soporte legal para poder transferir presupuestos a estas zonas. En definitiva, el progresismo español exhorta a la movilización social contra un Gobierno de España legitimado por las urnas hace escasos meses de igual manera que lo hiciera años atrás, un pasado muy presente.