Un endeudamiento que, sólo con proveedores, ha sido finalmente cuantificado en alrededor de ochenta millones de euros, superior con creces a la de ciudades como Sevilla, Córdoba, Albacete o La Coruña entre otras. Y por supuesto muy superior a la de la Ciudad autónoma de Melilla (que adeuda algo más de ocho millones de euros). Pero incluso para la elevadísima deuda con proveedores que tiene en su haber nuestro gobierno local se intenta buscar excusas o inventarlas, todo sea por no reconocer que se ha podido incurrir en una mala gestión de las consejerías locales en unos años en los que no se tenía miramiento ni consideración con las arcas públicas y en las que parece que la máxima era gastar por gastar.

La primera de las excusas a la que recurre el gobierno es que hay ayuntamientos que están peor que el nuestro.

Valiente consuelo.

Es evidente que los hay en peores situaciones pero también los hay mejores. El hecho de que el gobierno de la ciudad se compare, solamente, con ayuntamientos en peores situaciones que el nuestro retrata las aspiraciones del gobierno que tenemos y da solidez a la expresión popular de que quien no se consuela, es porque no quiere.

La otra pretendida excusa, y que le ha salido también rana al gobierno a la hora de buscar justificación a la millonada adeudada, ha sido decir que cualitativamente Ceuta está mejor que Melilla. A esa consideración, la réplica se la dio este domingo el gobierno melillense, con el que comparte ideología y color político, y que manifestaba que esa opinión expresada por el portavoz del Gobierno, era claramente errónea además de que se le podían haber ocurrido “cosas” con más base para explicar la deuda… Ni entre ellos se entienden.

El ejecutivo ceutí sigue caracterizándose por la soberbia en la gestión y por hacer caso omiso a las sugerencias que se le realizan desde entidades y formaciones preocupadas por el devenir económico de nuestra ciudad.

A la vista está que por no hacer, no se hace caso ni a los tirones de orejas ni a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, tales como las últimas hechas públicas en las que se hace referencia a que en “las ejecuciones examinadas de los contratos de obras, se produjeron importantes demoras no justificadas, sin que conste la imposición de las penalidades previstas en la normativa a los contratistas, que son particularmente incongruentes con la adjudicación de dichos contratos mediante concursos en los que se valoraron estas reducciones”, y se aconseja, por mencionar sólo algunos, que “en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, deberían establecerse los criterios de adjudicación de los contratos con mayor claridad y concreción, así como especificarse también los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos de forma que todas las empresas interesadas en las licitaciones puedan conocerlos…

O que la utilización del procedimiento de emergencia y del procedimiento negociado sin publicidad debería limitarse, estrictamente, a los supuestos establecidos en la normativa y justificarse documentalmente su procedencia en cada uno de los expedientes…“.

Si se tuvieran en cuenta recomendaciones como las citadas, además de las que día sí, y día también se les hacen desde la oposición, las deudas a las que nos enfrentamos serían notablemente inferiores.