Hace pocas semanas apareció una noticia en el diario El Mundo, en la que se informaba de un estudio efectuado por la Unión General de Trabajadores, en el que se había detectado que un porcentaje elevado de trabajadores de la construcción habían admitido que en algunas ocasiones acudían drogados al centro de trabajo. Y aunque a continuación se intentaba explicar el fenómeno, para no criminalizar al resto de trabajadores, sin embargo lo que se resaltó fue que, por primera vez, un sindicato admitía que los trabajadores también tenían culpa en las cifras de siniestralidad laboral. Claro, la noticia es que un niño muerda a un perro, no al revés.

En las jornadas jurídicas sobre seguridad en el trabajo, celebradas la semana pasada en la Universidad de Castilla La Mancha en Albacete, se ha debatido ampliamente el tema de la siniestralidad laboral. La mayoría de conferenciantes coincidían en que las condiciones de trabajo influyen de forma importante en la misma. Por ejemplo, las agotadoras jornadas de trabajo en sectores como el del transporte o el sanitario, las condiciones especialmente penosas del trabajo de los inmigrantes irregulares, o la falta de regulación en materia de prevención en la nueva Ley de los trabajadores autónomos, especialmente en el caso en el que no desarrollen su actividad en el seno de una sola empresa. Estudios recientes fijan como causas estructurales de la siniestralidad laboral la precariedad en la contratación, la temporalidad, o la falta de formación. Causas todas ellas no imputables al trabajador.

Pero el problema también está en otro tipo de siniestralidad, que no se ve, ni se contabiliza, pero que está causando verdaderos estragos. Me refiero al acoso psicológico en el trabajo. Especialmente interesante fue el comentado caso de la trabajadora interina del Servicio Madrileño de Salud, que tras denunciar por malversación de fondos a su jefe, fue reclamada por éste para que la volvieran a trasladar al Departamento, una vez aclarada la cuestión. Evidentemente, todo indicaba que se trataba de una especie mobbing anunciado. La trabajadora tuvo que demandar judicialmente a su empresa por el riesgo que podía suponer para su salud psíquica este traslado. El Tribunal Superior correspondiente no valoró el daño constatado en la salud y entendió que el mismo era una sensación subjetiva o mero temor de la trabajadora.

Asuntos de este tipo, que en otros ámbitos, como en el de la violencia de género, generan todo tipo de actuaciones preventivas, en el mundo laboral carecen de protección, incluso cuando el daño se ha producido, ante la dificultad de probar el nexo causal del mismo. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional, en una reciente Sentencia de julio pasado ha dado la razón a la demandante, al entender que se ha lesionado su DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL, ya que, entienden, y esto es lo realmente importante y novedoso, que “para que pueda apreciarse vulneración del derecho fundamental no es preciso que la lesión se haya consumado, basta con que exista un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse”.

Estas situaciones ocurren a diario en multitud de empresas. También en Ceuta. En muchos casos, desgraciadamente, a los trabajadores no les queda otra opción que sufrirlas en silencio, o abandonar el puesto de trabajo. En esta ocasión el Tribunal Constitucional ha sido sensible con el problema. Esperemos que esto sirva para abordar definitivamente la regulación legal de una situación, como es el acoso moral en el trabajo, que cada vez se extiende más, y que también puede matar, aunque lo haga de una forma más lenta y silenciosa.