No han dudado tampoco en utilizar el Consejo Económico y Social para justificar la tropelía. Es la primera vez que dicho órgano consultivo emite un dictamen con un enfrentamiento tan claro, y tan peligroso, entre sus componentes. Los empresarios, aunque no todos, por un lado. Los sindicatos por otro. Y en medio, un gerente de la sociedad municipal creada para el desarrollo económico local, defendiendo a su patrón. Es decir, que al final, los representantes de la Ciudad Autónoma, parte interesadísima en trasladar el mercado de abastos a la Manzana del Revellín, han sido los que han conseguido el informe favorable, que no unánime, del Consejo Económico y Social.

Pero el señor Vivas sabe perfectamente que, además de a los Jueces, también tiene a los sindicatos mayoritarios, a otros colectivos sociales y a unos cuantos miles de ciudadanos en contra de que a la Manzana del Revellín no se le dé el uso cultural que está previsto en el Plan General de Ordenación Urbana. Y que a favor sólo tiene a una sociedad privada que busca, exclusivamente, su interés económico, a los representantes de los empresarios ceutíes, que quizás no han pensado bien los perjuicios que se les van a causar a los más de 26 comercios que se ubican en los locales exteriores del actual mercado, y a unos cuantos técnicos municipales que se han dedicado a modelar los informes privados conforme a los criterios del jefe. Y por supuesto a su partido, con su presidente a la cabeza, que todavía no ha dejado de sermonear a sus feligreses, como si aún estuviera subido en el púlpito, y que ahora también se dedica a lanzar panfletos incendiarios contra ciudadanos honrados.

Una cosa parecida ocurrió en aquella pequeña localidad andaluza a la que me refería en artículos anteriores, en la que se consiguió frenar un pelotazo urbanístico similar al de aquí. El nuevo Alcalde tuvo que enfrentarse a un grupo de ciudadanos que, enfurecidos tras el sermón de la misa dominical, acudieron en manifestación al Ayuntamiento para pedirle explicaciones de por qué le había prohibido al sacerdote tocar las campanas y hacer sonar los altavoces de la Iglesia. Pero el tema no era así. Lo que el bueno del Alcalde había hecho, y que el cura no había dicho, era dirigirle una sencilla carta pidiéndole, de forma muy educada, que durante las celebraciones eucarísticas no conectara los altavoces a la calle, pues esto hería la sensibilidad de aquellas personas que no se sentían identificadas con esas prácticas religiosas. Evidentemente, la mentira del cura pronto se descubrió. También por las autoridades eclesiásticas, que 'premiaron' su labor trasladándole de municipio.

Si hubiera voluntad política, el asunto se podría solucionar perfectamente. Pero para ello sería necesario que se dieran una serie de circunstancias que aquí no se dan. En primer lugar, tendría que existir un deseo claro de dotar a Ceuta de una zona cultural céntrica y bien equipada, como es la Manzana. Pues la cultura, además de necesaria, también puede ser un atractivo que genere actividad económica. Por ejemplo, ofreciendo incentivos para la celebración de Congresos. La denominada ley de Say nos dice que 'toda oferta genera su propia demanda'. Y aunque no siempre es así, en muchos casos funciona. En segundo lugar, debería de pensarse que es posible la reversión de la operación hecha al amparo de unas cláusulas fraudulentas e ilegales. Pero no al precio de zona comercial, que está prohibida, sino al precio de zona de equipamiento cultural, que por definición de bien público, debe estar libre de todo interés especulativo. Si así se hicieran las cuentas, igual no era tan caro devolver al patrimonio público lo que nunca debía de haber salido de él. Y en tercer lugar, debería de haber más sentido común y un claro deseo por defender los intereses generales. Y esto pasa por no malgastar el dinero de todos los ciudadanos con obras innecesarias.

Pero claro, lo que aquí falta es precisamente todo lo anterior. Y como en el caso del cura, sobran muchas de las mentiras que se están diciendo y bastantes de las imposibles promesas que se están haciendo. Al final tendrán que ser nuevamente los Tribunales los que pongan las cosas en su sitio.