En el primer caso, el Gobernador nos dice que hay que jubilarse más tarde, a los 67 años, y calcular nuestras pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral, no sólo 15 años. De esta forma podremos evitar el impacto negativo que tendrá sobre las arcas de la Seguridad Social el envejecimiento de la población, que en 2025 alcanzará su impacto negativo definitivo, nos dice, no llegando a cubrirse con las cotizaciones de los activos las pensiones de los pasivos. Una argumentación recurrente, que cobra fuerza cada vez que tenemos algún tipo de crisis económica sobre la mesa. Pero el impacto de la propuesta ha sido ahora mayor, pues la crisis financiera ha hecho que el pánico se haya apoderado de gran parte de la población. En estas circunstancias, hasta el Ministro de Trabajo ha tenido que salir para frenar la alarma, pues la pregunta que se hacían muchas personas es si habría dinero en la Seguridad Social para pagar sus pensiones cuando les tocara jubilarse.

La segunda noticia ha tenido mucho menos impacto, cuando tenía que haber sido justo al revés. Lo que dice el Tribunal de Cuentas es que las Mutuas no han ajustado, en general, su gestión contractual a los principios de objetividad y transparencia, y que el 34% de los contratos efectuados por las mismas han sido formalizados con sus empresas asociadas. Además, sus directivos cobran más que el presidente del Gobierno, a pesar de que los fondos de las Mutuas tienen el carácter de ingresos públicos de la Seguridad Social. Es decir, nada nuevo que no se supiera ya. Sin embargo, nada dicen de por qué se permite que las Mutuas estén practicando continuamente una especie de 'dumping' con la propia Seguridad Social, al dar de alta a trabajadores accidentados, que no se han curado, que tienen que volver a ser dados de baja por su médico de cabecera, aunque, esta vez, con cargo directamente a los presupuestos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Y mientras tanto, los gestores de las Mutuas, muchos de ellos amigos de los gobernantes de turno, cobrando sueldos millonarios. Sobre esta situación escandalosa, bajo mi punto de vista, y origen de mucho despilfarro en las cuentas públicas de la Seguridad Social, nadie habla. Algún día escribiremos más sobre ello.

En lo referente a los problemas financieros de la Seguridad Social, es cierto que la tasa de dependencia ha disminuido, pues mientras que en 1970 había cuatro trabajadores por cada pensionista, en la actualidad hay sólo algo más de dos. Pero no es menos cierto que el equilibrio financiero de la Seguridad Social depende de otras variables, además del número de cotizantes, que tienen que ver con la situación económica del país, como la participación de los salarios en la economía, el nivel de pensiones respecto a los salarios, el porcentaje de PIB dedicado a financiar pensiones, los tipos efectivos de cotización, o la estructura de gestión del propio sistema. Es decir, que la insolvencia del sistema público de pensiones depende de la evolución futura de la economía, del comportamiento del sector público y de la estructura del propio sistema de pensiones. Por tanto, lo relevante, a juicio de muchos expertos, será la creación futura de empleos, o el incremento de la productividad al mismo ritmo que la tasa de dependencia y no sólo el aumento de la edad de jubilación o del número de años de la base reguladora. Y esto lo saben, tanto los economistas del Banco de España, como los del Ministerio de Trabajo.

Por tanto, todo me hace pensar que estamos ante ese tipo de noticias preparadas para que Zapatero aparezca como el 'guardián' de los derechos de los trabajadores. Y ello, a pesar de que no pone freno a los abusos de las Mutuas Patronales, ni desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora tiene al trío Blanco, Chaves y Zarrías, que le allanarán el camino para que todo parezca como si estuviera haciendo algo.