La escenificación de la negativa, una vez más, le ha correspondido a nuestro magnífico Delegado del Gobierno, ese perfecto conservador de izquierdas que nos tiene puesto en Ceuta el Partido Socialista y que sólo nos anuncia desastres para la Ciudad. Lo mismo dinamita la mesa por la economía, que nos informa de que no habrá intercambio de billetes entre las navieras, que nos da cuenta de la extinción del plan de empleo. Lo de ahora ya se veía venir. La imposible construcción del campus universitario de Ceuta fue su precedente más cercano en el tiempo. Excusas y diatribas, supuestamente legales. La cuestión es poner trabas, en la medida de lo posible, a las actuaciones de la otra Administración. Lo de menos, que los ciudadanos y usuarios seamos los más perjudicados. Esto mismo ocurrió hace ahora casi doce años con el hospital de Ceuta, gobernando aún el Partido Socialista en España. Fue necesaria la creación de una plataforma ciudadana para evitar que se consumara el desastre. Con una pequeña reforma del viejo hospital-ambulatorio de la Cruz Roja pretendían cumplir con Ceuta. Los gerentes que se oponían a la construcción de un nuevo hospital para Ceuta y que se conformaban con una inversión menor para reformar el viejo, eran los mismos que hoy salen en todos los medios anunciándonos las magníficas obras del nuevo centro sanitario. Una vez más se repite la historia. Con 500 millones, mal contados, que han invertido en un obsoleto, pero histórico, edificio militar pretenden callarle la boca al pueblo de Ceuta.

La excusa no puede ser más pueril. Las conclusiones de un técnico independiente, contratado al efecto, prevalecen sobre las de los técnicos, funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que son los legalmente competentes. Dicho técnico entiende que no es posible continuar con el proyecto de construcción del nuevo Palacio de Justicia, hasta tanto se redacte un Plan Especial de Protección de las áreas del Patrimonio Histórico afectadas por la misma. En concreto se trata de la Batería del Espino, del Conjunto de Fortificaciones de la Almina, que está más cerca del edificio del ambulatorio, ya construido por el Gobierno central, que del cine África, pero que para nuestra Ministra de Vivienda, al parecer, es de vital importancia para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad de Ceuta.

Efectivamente, el artículo 20 de la Ley 16/1985, de protección del Patrimonio histórico-artístico, obliga a que los municipios redacten Planes Especiales para proteger determinados espacios o conjuntos históricos y garantizar que las obras que se prevean realizar garanticen una adaptación al ambiente, armonizando con el conjunto histórico, que no limiten el campo visual de contemplación y que no desfiguren la perspectiva. Sin embargo, los técnicos de la Ciudad, competentes en la materia, en aras de la mayor celeridad, y una vez comprobada la lejanía de la construcción que se pretende con el conjunto histórico que nuestra Ministra quiere proteger, informaron por escrito que todo lo anterior estaría garantizado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, el técnico independiente contratado por el Ministerio exige la redacción de un Plan Especial. Ignoro el por qué han contratado a este técnico independiente y por qué aconsejan que el referido Plan Especial se contrate también de forma privada. Entonces, ¿para qué se tienen funcionarios técnicos en los Ministerios?. Es decir, que lo que quieren es un Plan Especial que diga lo mismo que el informe redactado por los técnicos de Ceuta, pero con más detalles. Y sobre todo, más caro y con más pérdida de tiempo. Pues, al parecer, de esto es de lo que se trata. De perder tiempo hasta las próximas elecciones generales.

De la importancia de la Justicia en una sociedad democrática no se puede tener duda. Sólo se requiere un pequeño ejercicio de imaginación para comprender qué pasaría si nuestras diferencias las tuviéramos que resolver entre nosotros mismos. Pero para que cumpla su papel en la solución de los conflictos que a diario se dan en las relaciones humanas, se necesita que la misma sea ágil y transparente. La agilidad se consigue con más y mejores medios. La transparencia, con la independencia del poder político. Si no se cumplen estos requisitos, la misma se convertirá en una pesada carga para el Estado, y en algo terrible para el ciudadano. Nuestro Derecho, heredero del Derecho Romano, es mucho más formalista que el Derecho anglosajón. Sin embargo, muchas de las prácticas de nuestro viejo Derecho Civil están basadas en las normas que los juristas romanos se inventaron para poder resolver y regular las heterogéneas relaciones de las personas en el vasto Imperio que habían construido. Ante todo lo importante era el sentido común. Justo lo que ha faltado a los insensatos políticos que han gestionado la construcción de un Palacio de Justicia nuevo para Ceuta.

No sé si ha habido falta de diligencia en los técnicos de Ceuta, o exceso de celo en los del Ministerio de Vivienda. Lo que sí es cierto es que los que a diario ejercemos el Derecho de forma práctica, y los ciudadanos que acuden a diario a la Justicia para dirimir sus diferencias, tendremos que seguir soportando una escasez de medios escandalosa, unas instalaciones que a duras penas cumplen las mínimas medidas de seguridad en el trabajo, y unos políticos más preocupados por tirarse los trastos a la cabeza que por solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Esperemos que todo esto no nos lleve a una Justicia en la que ocurra lo que nos decía Franz Kafka: “No hay proceso, no hay juicio, pero sí un final terrible”.