Si es culpable, que se atenga a las consecuencias de sus actos. Punto. Creo que sobre esta cuestión no hay debate posible. A lo que nos debe llevar lo que está ocurriendo estos días en torno al número 1 del mundo es, en mi opinión, a dos preguntas clave: 1ª) ¿de qué métodos (tanto legales como ilegales) se sirven las grandes fortunas para no pagar lo que justamente deberían?. 2ª) ¿Nos informan realmente los grandes medios de comunicación sobre el fraude de los que manejan el poder en nuestro país y en el mundo? A partir de aquí, debatamos.

Los Bárcenas, la Gürtel, los ERE de Andalucía o los Rodrigo Rato no son excepcionalidades, sino el reflejo de una estructura política que llama a la corrupción. Desde luego, estos casos, aun dentro de un sistema político injusto diseñado para que el rico pueda hacerse más rico a costa del trabajo de mayorías que se ven obligadas a hacer malabares para llegar a fin de mes, están considerados como ilegales, se sitúan fuera de la legalidad y, dentro de la esperanza de que la separación de poderes sea algo real, se espera que sean fuertemente sancionados por la justicia. Pero hay otro tipo de corrupción que se considera legal y que es, desde la concepción de la política en la que se ampara, la que da legitimidad moral a la ilegal. Se trata de una corrupción que refleja que en este país, la alta política ha sido diseñada para hacer negocio.

Luis De Guindos, actual ministro de Economía, fue miembro del Consejo Asesor de “Lehman Brothers”, una de las principales compañías financieras culpables de la crisis. José Ignacio Wert, a cargo de la cartera de Eduación, trabajó para el BBVA como adjunto de su presidente Francisco González. Pedro Morenés, el encargado de la Defensa Nacional, fue director de “MBDA”, empresa fabricante de misiles, y consejero de “Instalaza S.A.”, la principal fabricante de bombas de racimo hasta la prohibición de éstas en 2008. Nuestros ministros no son representantes públicos; son hombres de negocios elegidos para mirar por el bien de las empresas a las que representan. La conexión entre política y empresa privada salta a la vista. Un ejemplo claro es el del “fenómeno de las puertas giratorias”, consistente en el traslado de ex miembros de un Gobierno a los Consejos de Administración de empresas a las que beneficiaron mediante privatizaciones o beneficios fiscales. Elena Salgado y José María Aznar ficharon por “Endesa”, mientras que Felipe González, asesor de Carlos Slim, primera fortuna mundial, lo hizo por “Gas Natural”.

Tan solo son tres casos. Todo esto es legal, lo que demuestra que la ley no obedece a principios éticos ni de justicia. Es legal desde el punto de vista jurídico, pero ilegítimo y corrupto para los que creemos que la política debe servir para solucionar los problemas sociales y procurar una mejor vida al conjunto de la ciudadanía. No se puede exigir sacrificios a los ciudadanos mientras siguen manteniéndose mecanismos legales de evasión de impuestos como las SICAV, mientras gente con responsabilidades en la crisis económica ocupa cargos de poder y responsabilidad pública, mientras se llevan a cabo reformas laborales que permiten a las grandes empresas esclavizar legalmente o mientras que el Gobierno ejerce de “blanqueador” de dinero mediante amnistías fiscales. No sólo se aprueban medidas legales para no pagar, sino que una vez que no se paga se aprueban medidas para que los defraudadores se vayan de rositas si le dan una limosna al erario público. Que Messi haya defraudado unos millones al fisco sólo sería un escándalo si todo lo que acabo de escribir no ocurriese.

Hablemos ahora de la información que recibimos a través de los diseñadores de la realidad, de esas empresas privadas con ánimo de lucro manejadas por bancos y multinacionales a las que llamamos medios de comunicación. Hace unos días leí un artículo muy interesante que comparaba el tratamiento informativo sobre distintos casos de fraude: el de Emilio Botín y el de Leo Messi. Mientras que Messi es investigado por evadir 4 millones, Emilio Botín lo fue en 2011 por una trama en la que se calculó que podría tener ocultos hasta 1.000 millones en una cuenta suiza. Al día siguiente de saberse la noticia sobre el jugador del F.C.Barcelona, las portadas de la práctica totalidad de periódicos españoles llevaban la cara del argentino; al día siguiente de lo de Botín sólo uno se hizo eco (y muy amablemente) del escándalo. Uno, aunque rico, es un simple futblista; el otro manda en este país.