- Rajoy sigue aferrándose al cargo. Mientras en otros países, algunos dirigentes dimiten al verse obligados a incumplir su programa electoral o al ser salpicados por la corrupción, nuestro Presidente no lo hace ni por una cosa ni por la otra.

Le da igual reírse de todos sus votantes, le da igual que cada vez esté más claro su implicación directa en el “caso Bárcenas” y en la trama de los sobresueldos y le da igual que su imagen y la de su partido esté cada vez más cerca de la imagen que se tiene de una familia mafiosa salida de la pluma de Mario Puzo que de la que debiera tenerse de una agrupación política seria con un proyecto de Estado justo y viable. Le da exactamente igual porque lo que los populares pretenden no es, ni más ni menos, que mantenerse el máximo tiempo al frente del país. Pretenden durar el tiempo que les haga posible debilitar aún más a las capas populares de la población y efectuar un expolio de lo público para convertir nuestros derechos en objeto de negocio en manos de sus colegas. Ese es su trabajo.

Sus defensores continúan acudiendo al gastado y simplón argumento de lo expresado en las urnas para justificar lo injustificable. Como si ganar unas elecciones fuese un cheque en blanco para hacer cualquier barbaridad. Aparte de que, repito, el partido de Gobierno no ha cumplido nada de lo que prometió, algunas cosas, con o sin votos, son de por sí antidemocráticas. Efectuar recortes a los derechos sociales hasta la anorexia no es democrático. Es en estos derechos donde residen las bases materiales de la democracia, lo que hace posible que una persona sea libre y esté capacitada para relacionarse en libertad e igualdad con los demás miembros de la sociedad. Un Gobierno que pone trabas a la realización de este derecho indispensable es un Gobierno antidemocrático por definición.

El Partido Popular demuestra ser un partido no democrático, pues pretende vendernos un concepto de la democracia limitado al acto procedimental, cuando la democracia debe ser un reparto del poder constante, un reparto que se da a través de unos derechos que el PP no respeta y fulmina poco a poco, impidiendo así la democratización de la sociedad. Nos dicen que se ve “la luz al final del túnel” y que “la situación económica mejora”. Nos dicen estas estupideces, pero no nos dicen que la luz que se ve es su luz y que la situación mejora entendiendo por mejorar lo que ellos entienden. Para un partido que sigue al dedillo las instrucciones de instituciones como el FMI, salir de la crisis es convertirnos en un país competitivo. Esto es, en el lenguaje del neoliberalismo, bajar salarios, precarizar el empleo, flexibilizar la contratación (beneficiar al gran empresario y perjudicar al trabajador), elevar la edad de jubilación, limitar los derechos de huelga y manifestación, destruir la negociación colectiva y convertir en privilegios de pago lo que hasta ahora eran derechos conquistados.

Algunos pensamos que eso no es salir de la crisis, sino que esas son, precisamente, las peores consecuencias de la crisis. Lo peor de las crisis económicas es que gracias a la incertidumbre general se da vía libre a la aplicación de políticas destructivas soñadas por partidos como el PP. La crisis es su argumento legitimador. Hacen lo que les da la gana, saltándose las reglas de juego a su antojo. Les resbala, no piensan irse. Y no sólo no se van, sino que día a día tenemos que despertarnos con noticias que nos hacen pensar cada vez más que la separación de poderes en España es un sarcasmo. Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, fue militante del PP mientras era miembro del Tribunal.

Él defiende que su militancia no fue algo incompatible con su cargo, pues según él, el Tribunal Constitucional, al no formar parte del Poder Judicial propiamente dicho, se rige por otras reglas distintas al resto de tribunales. El caso es complejo y con la misma ley en la mano unos pueden pensar una cosa y otros otra, pueden darse interpretaciones distintas. Aún así, diferentes asociaciones de jueces, entre ellas la famosa “Jueces para la democracia”, han pedido la dimisión del Magistrado. Yo opino igual que esta asociación. Que un miembro del Tribunal Constitucional esté pagando la cuota de afiliado de un partido político con capacidad de gobernar me parece, cuando menos, insultante. Ellos hacen las leyes y ellos son los encargados de analizar si las leyes son o no son constitucionales. Ya era obvio que los altos Magistrados de este país se movían en el estrecho hueco que separa la ideología del PP de la del PSOE. De hecho, está claro que de estar formado el TC por jueces de izquierdas, medidas como la última reforma laboral hubieran sido declaradas anticonstitucionales. Sí, nuestros jueces siempre han sido jueces cómodos para el poder, pero casos como el del señor Pérez de los Cobos vienen a demostrarnos hasta que nivel de descaro e impunidad pueden llegar.

Pérez de los Cobos no es más que otra prueba palpable de que el poder judicial tampoco escapa de formar parte de una estructura diseñada a gusto del poder económico, igual que Bárcenas y su cuadrilla lo demuestran en el terreno del sector político. Porque el quid de la cuestión no es Bárcenas, sino todas esas empresas que han labrado su fortuna a través de sobornos en sobres a la clase política y que explican el por qué de la existencia de aeropuertos sin aviones, de grandes infraestructuras inservibles y de gran parte de nuestros problemas.

Los lobos cuidan de las ovejas. Y los lobos nunca renuncian. La única opción es poner en práctica nuestro derecho a la legítima defensa, nuestro deber de defender la democracia. Ellos son los antisistema, los antidemócratas, los tiranos. Si no se van, hay que echarlos. La democracia no aguanta más.