Por coherencia porque es una continuidad de la reforma del sistema financiero iniciado por el gobierno del PSOE, en el año 2008. Empezando con la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, para continuar después con la creación del FROB, la reforma de las Cajas de Ahorro y el Decreto de Reforzamiento del sistema financiero. Un periodo de profunda transformación, que se produjo entre 2008 y 2011 y en el que el número de Cajas de Ahorro se redujo de 45 a 15.

Y por responsabilidad porque esta es una materia que consideramos trascendental para el futuro de España y de su Economía. España necesita recomponer y sanear su sistema financiero, seriamente dañado por la crisis, para que vuelva a fluir el crédito a empresas y familias. Esa es la base para recuperar el crecimiento de la economía y el empleo. Y como ello es prioritario para nuestro país y para los ciudadanos, el PSOE en el ejercicio de una Oposición Útil y constructiva, apoya la iniciativa del Gobierno.

Esta actitud es justo la contraria de la que ejercieron Rajoy y el PP en la oposición. Ellos siempre pusieron sus intereses políticos por encima de los de España.

Pero el apoyo a la reforma del sistema financiero no es un cheque en blanco. El PSOE no quiere que se olvide que si el Gobierno, primero el de Zapatero y ahora el de Rajoy, está teniendo que reflotar el sistema financiero español es porque buena parte de ese sistema cometió el gran error de contribuir a inflar la burbuja inmobiliaria.

El proceso de fusiones no puede llevar en ningún caso a una estructura de oligopolio. Por eso, el PSOE exige al Gobierno reforzar los mecanismos de control para neutralizar los riesgos y para reforzar la protección de los usuarios de los servicios financieros.

Los socialistas pedimos la constitución de una Subcomisión parlamentaria que ejerza un seguimiento de todo el proceso de reestructuración del sector y de forma muy especial de la evolución del flujo del crédito en las entidades que reciben estímulos o financiación pública.

El PSOE ha advertido al Gobierno de que no volverá a darle su apoyo responsable en iniciativas de especial trascendencia, como lo es esta, si no hay un proceso previo de diálogo y acuerdo sobre la materia en cuestión. Algo que no ha sucedido en esta ocasión.