El discurso del rey Mohamed VI, quien ha prometido reformas democráticas profundas, conlleva muchas promesas y muchas esperanzas, exactamente como cuando accedió al trono en 1999, aunque con el paso de los años se ha demostrado que muchas de esas promesas eran tan solo una gran campaña mediática para asentar la legitimidad de la nueva era.

Por ello, cuando se estabilizó la situación y el gobierno del joven rey, comenzaron los años de apostasía, como los llama Hasán Aurid, ex portavoz del Palacio Real y ex historiador de la monarquía marroquí. Parece que todas las «señales fuertes» lanzadas a comienzos de la «nueva era» solo eran fuertes dosis de anestésico para invalidar el efecto de las expectativas compresoras que impuso la coyuntura de la transición de una era a otra.

El gran paquete de reformas anunciadas en el discurso real no habría visto la luz si no hubiera sido por las manifestaciones del 20 de febrero, las cuales no se hubieran atrevido a salir a las calles de ciudades y pueblos marroquíes de no ser por las revoluciones que han vivido y viven los países árabes. El contenido del discurso real debe ser el principio de lo que ha de venir, y no hay que precipitarse a juzgarlo antes de que sus resultados descarguen sobre el terreno. La enmienda de los textos no es de por sí un objetivo. La aplicación de esos textos sobre el terreno es lo que les da espíritu y sentido. La actual Constitución, por ejemplo, concede al primer ministro el derecho a proponer a los ministros al rey antes de que éstos sean nombrados. Hemos visto cómo este artículo, a pesar de su simplicidad y de su carácter formal y protocolario, no ha sido respetado ni siquiera en el nombramiento de los ministros de las carteras comunes. Las recomendaciones de la Instancia de Equidad y Reconciliación, cuya constitucionalización ha estipulado el discurso real y que fueran aprobadas por el rey en una celebración oficial, siempre han sido tinta sobre papel mojado. Todos hemos visto cómo el presidente del Consejo Real Consultivo de Derechos Humanos, consejo encargado del seguimiento de la aplicación de dichas recomendaciones, ha sido retirado sin previo aviso y sin que se haya explicado a la opinión pública la razón para deshacerse de él, este presidente que convirtió su consejo en una mera cámara de registro para repetir comunicados de condena de la prensa libre y de las asociaciones de derechos humanos independientes, y la puerta de la plaza de Bab Laalu, donde se encuentra la sede del consejo, en un lugar para las protestas de las víctimas de la injusticia y en una sede de las protestas de sus compañeros ex presos políticos.

También vimos cómo la propuesta del regionalismo avanzado llegó como respuesta a las repercusiones del caso de Aminatu Haidar y durante cuatro meses nadie podía preguntar por el paradero del trabajo de la comisión encargada de dirigir ese proyecto, ni siquiera a su presidente o a sus miembros, que se negaron a entrevistarse con la prensa o a responder a las preguntas de los periodistas. No hemos a su presidente, Omar Azzimán, en una rueda de prensa hasta que ha pasado todo este tiempo marroquí perdido y las manillas oxidadas de su reloj han sido movidas por las manifestaciones del 20 de febrero.

Por estos motivos tenemos razones para temernos que el periodo de tres meses concedido a la comisión para la reforma de la Constitución es una mera prórroga a la espera de que los ánimos se templen.

Sin restarle carga al discurso real, en cuyos pliegues hay muchas buenas intenciones, muchas de las «fuertes señales» lanzadas por la institución real en los últimos diez años, detrás de las que también había buenas intenciones, no han resultado suficientes para evitar que se formara todo este volcán de ira cuyo humo vimos en la calle el 20 de febrero.

El discurso no ha hablado con sinceridad de las competencias del rey, ni del artículo 19 al que los expertos en derecho constitucional consideran una «constitución» dentro de la actual Constitución. Tampoco apareció la palabra mágica de la «monarquía parlamentaria» reclamada por el 20 de febrero.

Los próximos días serán los más difíciles porque seremos testigos de muchas subastas protagonizadas por partidos que han guardado silencio durante mucho tiempo, y por medios de comunicación oficiales y semioficiales dispuestos a vender la piel del oso antes de cazarlo.

Es la presión de la calle la que ha obligado a la autoridad en Marruecos a adoptar algunas de las reivindicaciones del 20 de febrero, y por ello, hasta que estas demandas se hagan realidad sobre el terreno, la presión debe continuar hasta después del 20 de marzo en señal de fidelidad al alma de Fadua al Aarui y de todos los mártires del 20 de febrero. Para empezar hay que poner en libertad a los presos políticos y revisar las sentencias de los jóvenes que han sido víctimas de juicios rápidos y de dictámenes muy severos. También tiene que haber una concepción clara sobre la neutralización del entorno del rey en el ámbito de los negocios y en la injerencia política con la misma fuerza con la que hoy día se enmarca el ámbito político y se controla el sector económico y de los negocios.

Soy de naturaleza optimista, pero, si me perdonan los lectores, como empezamos en 1999 con certeza y acabamos con dudas, me contentaré con la duda para terminar en la certeza.