Una problemática cuyas graves consecuencias exige a las administraciones competentes respuestas convincentes. En mi último artículo sobre esta problemática ampliaré mis observaciones al tratamiento jurídico de un fenómeno enmarcado en la minoría de edad a la que no es de aplicación la ley penal vigente, pero a la que sí es aplicable la Ley del Menor, circunstancia a tener muy en cuenta por los progenitores de quienes presuntamente son acusados de esta práctica.

Centraré mi reflexión en el tratamiento que la Ley del Menor da a los casos de acoso escolar protagonizados por menores cuyas edades están comprendidas entre los catorce y los dieciocho años. Destacando, en primer lugar, que las actuaciones en estas circunstancias descansan sobre tres pilares fundamentales: la protección de la víctima, la respuesta sancionadora al acosador y, en su caso, la reparación de daños y perjuicios. En el proceso la victima goza de un trato preferente pues sobre ella recaen los daños de toda índole, aconsejándose un tratamiento cuidadoso y prudente en el proceso de toma de declaraciones. En cuanto al acosador, puede decretarse libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socio-educativas y las permanencias de fines de semana.

Finalizo mi último artículo destinado a sensibilizar a la sociedad respecto a una problemática que afecta a nuestros hijos en el ámbito escolar, instando a la comunidad educativa (padres, profesores y alumnado) a cooperar en la erradicación de un fenómeno cuyas consecuencias afectan tanto a víctimas como a verdugos. Una problemática que debe ser tomada con la gravedad suficiente a fin de darle una respuesta pronta y contundente, susceptible de reparar el daño causado y reeducar a sus autores. Sin ninguna duda, todos los agentes implicados, padres, profesores y alumnado, debemos vigilar y proveernos de las herramientas necesarias para que casos de acoso escolar, como los de María, Carla o Jokin, nunca más se conviertan en noticias siniestras. Rebélate contra el acoso escolar.