Los sistemas de seguridad conjugan las garantías debidas a la existencia de los ejércitos nacionales con otras que tienen su origen en los pactos de mutua cooperación que eventualmente se suscriban. Las superpotencias aspirarán a liderar su propia coalición; al resto de actores estatales les queda adscribirse a la alianza que mejor satisfaga sus inquietudes u optar por esa especie de espejismo de seguridad que es la no alineación o la neutralidad.

Valga la pena añadir que la mayor parte de las excepciones que eventualmente puedan encontrarse a este modelo se encuentran en la región indo-pacífica, lo que ya de por sí es un indicador geopolítico de lo que todavía está por llegar.

La seguridad es una condición que tiene que ver con las expectativas de desarrollo de los pueblos. La defensa, un bien público dotado de un indudable carácter estatal, es la principal proveedora de seguridad. Ceuta y Melilla tienen un sistema de garantías precario, tanto como para representar una quiebra de la homogeneidad que, en estas cuestiones medulares, suelen disfrutar las naciones. Bien es cierto que, en esto, España no es un caso aislado, aunque nunca se hayan explicado bien las razones para que, en 1982, ambas ciudades norteafricanas quedaran excluidas de un sistema defensivo, el de la OTAN, del que ya disfrutaban sin reserva alguna Turquía y los departamentos franceses de Argelia hasta su independencia en 1962.

Ignorancia, razones de política interior e incompetencia explican esa inconveniente solución. La primera, por ser propia de un país tan ajeno a las inquietudes defensivas occidentales; las segundas, porque constituyeron el único aliciente para suscribir un tratado que entonces estaba muy alejado de las preocupaciones domésticas; la tercera fue un inevitable corolario de las dos primeras. 

A pesar de lo que suele alegarse cada vez que se suscita este debate, en estas cuestiones nucleares en las que los compromisos de ayuda mutua requieren hipotecar vidas y haciendas, no es razonable confiar la integridad territorial de España a una solidaridad que ya no encontró encaje en el Tratado de Washington, lo que no deja de ser una forma nada sutil de hacerse trampas al solitario. Los acuerdos defensivos están basados en la regla del quid pro quo. Esperar que sea la infantería británica o los cazas holandeses y franceses los que defiendan Ceuta exigiría que los españoles hiciesen lo propio en el caso de que peligrasen las Malvinas, Aruba y Curazao o Mayotte y la Martinica. Y eso, en una sociedad en la que el 55 % de la población se manifiesta poco o nada dispuesto a defender su propio país aun en caso de un ataque armado, promueve la clase de preguntas que uno siempre espera que se contesten después de la publicidad.

Por si acaso, Ceuta haría muy bien interesándose en Madrid por la evolución del presupuesto dedicado a las Fuerzas Armadas y, en concreto, por todo aquello que tenga que ver con las fuerzas estacionadas en la ciudad.