Abstraerme totalmente de cuanta información pudieran generar a través de sus múltiples comunicados y comparecencias, pero las últimas declaraciones de su máximo dirigente me llevan a plantearles la siguiente cuestión: ¿Cómo catalogar unas afirmaciones que exigen la dimisión de quien no está imputado por delito alguno, mientras se niega con rotundidad las de aquellos, que sí han sido llamados a declarar por el Tribunal Supremo, como imputados por la supuesta comisión de un delito que tiene que ver con la prevaricación y la malversación?

No podemos olvidar, que el denominado caso ERE por el que han sido imputados los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, enjuicia todo lo relacionado con el procedimiento establecido en el año 2001 por la Junta de Andalucía, para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleos. Una medida dotada con un presupuesto cercano a los 2000 millones de euros. Sin ninguna duda, el caso judicializado por presunta malversación de fondos públicos más relevante de nuestra historia democrática, tanto por cuantía económica, como por las ramificaciones políticas.

Solo existe una respuesta posible a mi pregunta inicial, incoherencia política es decir, falta total de conexión en las afirmaciones efectuadas. Aunque también podríamos catalogarlas como tonterías, locuras, barbaridades, necedades, despropósitos o incongruencias si atendiéramos al diccionario de sinónimos de la Real Academia Española (RAE). En definitiva, pese a mis intenciones iniciales, las circunstancias me llevan a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una formación política, que desde hace tiempo se encuentra a la deriva ideológica, sin unidad de criterio en sus actuaciones, y lo que es más grave, sin conexión en los planteamientos esgrimidos por sus dirigentes.