Las informaciones publicadas en las últimas semanas respecto a los presuntos casos de corrupción judicializados ponen de manifiesto dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que esta mala práctica se ha extendido en la sociedad española y en segundo lugar, que el sistema funciona aunque, debe ser reformado en profundidad para evitar la presencia en la política española de “personajes” que utilizan el poder con la única intención de conseguir un enriquecimiento ilícito.

Los ciudadanos somos totalmente conscientes, que en las circunstancias socio económicas actuales, estas conductas debilitan gravemente nuestro desarrollo económico al generar alteraciones considerables. La corrupción incrementa considerablemente el coste de los negocios y las actividades empresariales ya que a éstas debemos sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el coste del manejo de las negociaciones con los cargos públicos, y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Estas prácticas generan la desconfianza ciudadana, conduciendo en unos casos a la abstención y pérdida del interés por la actividad política, pero en otros, como está sucediendo en la actualidad, a la confrontación con el poder político generando consecuentemente inestabilidad social. Sin ninguna duda, el mejor caldo de cultivo para el advenimiento de planteamientos políticos populistas a imagen y semejanza del chavismo bolivariano importados de zonas geográficas donde la ausencia de libertades es más que evidente.

Si los españoles hemos sido capaces de responder con nuestro sacrificio a las exigencias de nuestros dirigentes ahora, les corresponde a ellos responder a la demanda ciudadana de transparencia. Si la “casta” política española fue capaz de liderar la transición española en las peores circunstancias posibles, consensuando y aprobando en 1978 el documento que nos devolvió la libertad, la Constitución Española, ¿por qué no van a ser capaces de devolvernos la transparencia a la actividad política? Yo estoy firmemente convencido que así será.