El acuerdo plenario adoptado este lunes por la Asamblea de la Ciudad Autónoma sobre la propuesta del Grupo Caballas, matizada después por el Grupo Popular, para el estudio de la apertura del paso de Benzu para el tránsito de mercancías, obliga a esta Delegación del Gobierno a realizar las siguientes consideraciones:

- El sólo estudio de este asunto, aprobado por una Administración no competente en esta materia, genera de facto una confusión no deseada en los siempre delicados equilibrios que han de realizarse entre los Estados responsables de la gestión fronteriza.

- La gestión de una frontera es una alta responsabilidad siempre asumida por dos Estados, que son los que han de velar por el mantenimiento de las buenas relaciones inter-fronterizas entre otras de mayor calado.

- Plantear este tipo de posicionamiento o acuerdos, de carácter político, cuando no se es el responsable final de las consecuencias, determina un grado preocupante de incoherencia que en nada beneficia a unas relaciones bilaterales en las que la Delegación del Gobierno -siguiendo el mandato de los órganos superiores del Estado- forma parte activa. Máxime cuando en esa propuesta o acuerdo no se ha tenido en cuenta más parámetros que los puramente comerciales.

- La caótica dinámica derivada de la decisión política que se adoptó, en su momento para la apertura del actual Biutz, en el interior de un recinto comercial privado, y con los informes en contra de las FF y CC de Seguridad del Estado, ha devenido con el paso del tiempo, en el reconocimiento de un error de elevada magnitud, que sufrimos desde entonces.

- La línea en la que ambos Gobiernos (España y Marruecos) han estado trabajando para mantener un sistema atípico de paso de mercancías ha generado inversiones en infraestructuras en los respectivos lados fronterizos con el único objetivo de mejorar la fluidez y de extraer un paso habilitado del interior de un recinto privado.

- La apertura del paso de Benzú, cuyo cierre se decretó hace algo más de una década por las constantes agresiones que sufrieron los agentes de la Guardia Civil, no es algo que contemple ni el Gobierno de España ni el de Marruecos, verdaderos y únicos responsables de decisiones de semejante calado.