- El anteproyecto de Reforma de las Pensiones pretende dar tranquilidad y seguridad a los pensionistas y garantizar la salud financiera

El Consejo de Ministros ha estudiado el informe sobre la propuesta de regulación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones. El objetivo de este anteproyecto es conservar y consolidar el sistema público y su condición de sistema de reparto.

Pretende dar tranquilidad y seguridad a los pensionistas y garantizar la salud financiera, de un sistema que tiene que ser autofinanciable y sostenible en el futuro. El Gobierno considera muy importante que los mayores de hoy cobren una pensión justa, pero también que los del mañana tengan una prestación como al que tuvieron sus abuelos.

Esta reforma busca dar confianza, tranquilidad y certidumbre a los pensionistas de hoy y de mañana. El anteproyecto, introduce el llamado factor de sostenibilidad a partir de 2019 y desvincula las prestaciones al IPC. El nuevo índice evitará que, en el futuro, las pensiones puedan congelarse o incluso rebajarse, y empezará a aplicarse en 2014.

Este índice tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos –así como los déficit o superávit- del sistema cada año. Se blinda la sunbnida anual de las pensiones. Subirán siempre, como mínimo, un 0,25 por ciento, incluso en épocas de dificultad económica que afecten a las cuentas de la Seguridad Social. Cuando la economía sea favorable, se subirán el 0,25 por ciento por encima del IPC.

En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que vinculará las prestaciones con la demografía. El Gobierno abre un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo esperar que la Ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

Con la presentación de esta reforma el Gobierno cumple el mandato legislativo de la Ley de 2011 sobre la definición del factor de sostenibilidad.

El Ejecutivo hace un llamamiento a la responsabilidad de los agentes sociales y políticos porque ha llegado el momento del diálogo hasta el final, la negociación y la presentación de alternativas y propuestas que mejores, si es posible, la que ha presentado.