Esta norma, firmada por miles de socialistas encabezados por su Secretario General, es de obligado cumplimiento para todas aquellas personas que desempeñan un cargo público u orgánico, así como para todos los candidatos y candidatas que figuran en las listas socialistas para los diferentes comicios que se convocan en nuestro país.

En este documento se establece en su punto número 5 que “todo candidato o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar una declaración en la que afirme no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.

Asimismo, prosigue, “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. Además, entre otros aspectos, se contempla que “a los militantes que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia, y en caso de dictarse una sentencia condenatoria que adquiera firmeza serán sancionados con la expulsión del partido”.

Igualmente, en el citado punto 5 del Código Ético se fija que “toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad.

Si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario”.

El compromiso socialista con la transparencia y la lucha contra la corrupción fue reconocido en noviembre de 2014 por la prestigiosa organización Transparencia Internacional, convirtiéndose así el PSOE en el primer partido de España en firmar un convenio con esta entidad.

En este convenio, el PSOE se compromete a dos decálogos de medidas: el primero, para “dotarse de una política de funcionamiento transparente a todos los niveles”, y el segundo, para tramitar vía parlamentaria e incluir en sus programas electorales una serie de propuestas “para prevenir y combatir la corrupción”. Entre ellas, a publicar en Internet las cuentas anuales del Partido, así como sus presupuestos anuales con la correspondiente liquidación presupuestaria, y el último informe de fiscalización de las cuentas emitido por el Tribunal de Cuentas.

En virtud de este acuerdo, el PSOE también se comprometió a hacer pública la declaración de la inexistencia en las listas electorales de procesados por corrupción (con apertura de juicio oral o escrito de acusación del fiscal) o de imputados con declaración judicial de existencia de indicios suficientemente sólidos de actividades delictivas.