Recurso al euro por receta: un síntoma más de la enfermedad de la política y sanidad española
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12 enero 2013 06:39 h.
Estando de acuerdo en el hecho de que se intente paralizar esta medida, la decisión adoptada ahora, al igual que otras muchas de meses pasados, muestra claros síntomas de la “enfermedad” que está afectando al ámbito político y sanitario de nuestro país.
Si nos centramos, en primer lugar, en el ámbito de la acción política, son palpables importantes carencias que no deberían darse en nuestros gobernantes y que podemos resumir en falta de coherencia, acuerdo, veracidad y perspectiva clara de futuro.
No existe coherencia y sí contradicción manifiesta cuando responsables públicos de un mismo partido y que supuestamente comparten un mismo programa e ideario tienen una opinión totalmente contraria sobre la conveniencia o necesidad de una medida que afecta a los ciudadanos.
No existe capacidad de diálogo y acuerdo cuando no son capaces de evitar un conflicto que finalmente deberá dirimir el poder judicial en un proceso que llevará tiempo y costará también dinero a los ciudadanos.
No existe veracidad cuando se argumenta la oposición al euro por receta afirmando que los ciudadanos no pueden pagar dos veces por lo mismo, cuando desde hace meses, y gracias a la implantación por su parte del copago farmacéutico, ya se ha propiciado que lo hagan, una vez vía impuestos y la segunda a la hora de abonar más dinero por sus medicamentos.
Y no existe perspectiva clara de futuro cuando decisiones de este tipo responden más a un afán recaudador cortoplacista que a una estrategia definida a largo plazo que asegure la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del que hemos venido disfrutando basado en principios como la universalidad, la solidaridad o la equidad.
Refiriéndome ahora a las repercusiones sanitarias y sociales de medidas como la del euro por receta o el copago farmacéutico y de otros servicios, está claro que ejemplifican una forma de gestionar que afecta y pone en riesgo los fundamentos de nuestro modelo sanitario, perjudicando a los enfermos y a colectivos sociales débiles, como son las personas con menos dinero, mayores, o con alguna dependencia.
No se trata solo, que también, de que cualquier persona tenga que pagar cada vez más dinero por los servicios sanitarios que recibe, sino que este aumento conlleva que haya gente que opte por no utilizarlos cuando realmente lo necesitan, con la consiguiente repercusión negativa para su salud. Además, otras experiencias de “copagos” realizadas en países de nuestro entorno demuestran que no se consigue el supuesto efecto disuasorio para los que usan los servicios sanitarios de forma innecesaria reiteradamente como proclaman sus más firmes defensores. Recordemos, por ejemplo, que en Alemania se ha decidido acabar con la aportación económica que los ciudadanos tenían que hacer por acudir a su médico, porque, después de nueve años de implantación, se ha comprobado que no se ha conseguido el objetivo previsto, perjudicando finalmente a las personas con menos dinero.
Los profesionales de enfermería siempre hemos trabajado para que la atención sanitaria en nuestro país sea la mejor posible y vemos que este tipo de medidas, junto al resto de recortes que se viene imponiendo desde hace ya tiempo por las diferentes administraciones, lo único que están consiguiendo es su progresivo deterioro.
Creemos, claro que sí, que hay que tomar medidas para hacer más eficiente y sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud pero éstas no deben castigar a sus propios usuarios, especialmente, a los colectivos más débiles. No debemos permitir que éstos sigan sufriendo la cara más amarga de la crisis.
Ante esta sinrazón, las enfermeras y enfermeros no cejaremos en nuestro empeño y seguiremos pidiendo a nuestros gobernantes que realmente pongan en el primer lugar de su lista de prioridades a las personas, con nombres y apellidos,