Se trata de adaptarlas a la obtención del Grado, que España cambió su modelo en 2010 para adaptarlo al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), cuando nos encontramos con que el Consejo de Ministros va a aprobar el Decreto de flexibilización del sistema universitario español, dejando al criterio de cada universidad la duración de las carreras y de los cursos postgrados.

Desde UPyD siempre hemos defendido que la Educación debe ser competencia del Estado, en evitación de cosas como estas, que van a producir agravios comparativos importantes. De más sabemos que las matrículas de los cursos postgrados (Máster) son mucho más caras que las matrículas de los grados. ¿A quién se beneficia con esto? A nuestros estudiantes, no precisamente.

Ahora va a resultar que si quiero hacer derecho en Madrid (que ya hoy por hoy nadie puede estudiar donde quiere) me costará tres años y si lo hago en Valladolid cuatro, desde UPyD pensamos que en España las desigualdades se siguen manteniendo tanto en el ámbito de la educación con tantos planes de estudios diferentes como en el de sanidad, donde a pesar de haber establecido un calendario vacunal único (de mínimos, claro) cada Comunidad luego posee uno diferente, ambas competencias deben volver al Estado como hemos defendido siempre desde nuestro partido.

Rectores, sindicatos y estudiantes lo han criticado porque el momento en que España cambió el modelo de forma generalizada en 2010 para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Plan Bolonia), aún no ha sido evaluado. Los colectivos de estudiantes ponen el acento en el evidente encarecimiento de los estudios, los sindicatos temen la pérdida de puestos docentes y todos resaltamos el “caos” que provocará en la ciudadanía una reforma en la que cada centro podría optar teóricamente por distintas duraciones para una misma titulación. Esto es un signo más del desorden que los sucesivos gobiernos de PSOE y PP han ido introduciendo en el sistema educativo y la evidente falta de criterio con una autonomía mal entendida para las universidades y peor aún para las competencias autonómicas en educación.

UPyD está con los más necesitados a los que ahora una vez más se les impedirá estudiar. Una vez más, universidad para ricos.