Es el anuncio de una nueva desgracia para los trabajadores y trabajadoras de España. Como si de las plagas bíblicas que asolaron el antiguo Egipto se tratara, después de la Reforma Laboral y del Acuerdo para la Reducción de las Pensiones (seguramente lo llamarán de otra forma, pero en realidad se trata de eso), ahora nos avisan de que tenemos que olvidarnos de que los salarios crezcan en función del IPC, para impedir la pérdida de poder adquisitivo, sino que deberían crecer o disminuir según lo haga la productividad de las empresas y, en consecuencia, la competitividad del producto final.

No será, desgraciadamente, la última de las plagas con que nos castigará este gobierno, o el que venga después, con tal de contentar a los que mandan de verdad en la Unión Europea, es decir Merkel y Sarkozy. O mejor dicho, los grandes grupos de presión económica a los que representan estos jefes de estado o de gobierno. La pretensión de franceses y alemanes es imponer al resto de los países miembros de la U.E. lo que ellos llaman un “Pacto por la capacidad de competitividad”. En el fondo se trata de una maniobra para imponer una política financiera y económica única dirigida por ellos, claro está, que garantice la estabilidad del euro y transmita un mensaje de tranquilidad a los mercados, sacudidos por convulsiones que han llevado a algunos de los países de la zona euro al borde la bancarrota.

Básicamente, lo que hace competitivo a un producto es la relación precio-calidad. La aceptación que tenga entre los consumidores o usuarios el producto final depende de ese sutil equilibrio. No es el precio el único factor que determina la elección del consumidor. A veces prefiere pagar más porque está seguro de que obtiene un producto mejor. El problema para nosotros es que la marca España no tiene la suficiente imagen de calidad ni el suficiente atractivo en cuanto a precio. El made in Spain no vende.

En un extremo del espectro visible de la competitividad tendríamos a China, cuyo factor de competencia es el bajo precio del producto final, basado en su capacidad de obtener una alta productividad pagando salarios de miseria; mientras que en el otro extremo tendríamos a Alemania, con productos de gran calidad e imagen corporativa de alto nivel, aunque naturalmente con precios más altos que los chinos.

La encrucijada en la que se encuentra la economía española es optar por uno u otro modelo: el chino o el alemán. Me temo que Europa y nuestro gobierno nos abocan inevitablemente al primero de ellos. Es más fácil reducir el salario de los españoles que mejorar la imagen de nuestros productos para situarlos al nivel de aceptación mundial de los alemanes.

El presidente del gobierno español ha dicho tímidamente que ve difícil la aceptación de este nuevo Pacto por los sindicatos españoles. En ningún momento se ha atrevido a negarlo categóricamente. Una vez perdido el respeto a los sindicatos se trata de hacerles pasar, una vez más, bajo las horcas caudinas.

La propuesta de Merkel y Sarkozy es una injerencia intolerable no solo en la soberanía de cada estado miembro de la U.E. sino en el derecho de trabajadores y empresarios de pactar libremente sus condiciones laborales.

Si este proyecto prospera y acaba imponiéndose en España, se certificará la desaparición de la negociación colectiva. La parte más importante de los convenios, la que regula las condiciones salariales, ya no será decidida libremente por trabajadores y empresarios sino por unos tecnócratas que evaluarán si nuestros factores de competitividad cumplen sus objetivos y previsiones.

Ahora nos corresponde a los trabajadores españoles y a los sindicatos en los que nos hemos organizado dar una respuesta a esta nueva agresión, a este nuevo retroceso en nuestros derechos y libertades. De esto dependerá que en el futuro nos parezcamos más a los chinos o a los alemanes.