El Foro Español de la Familia opinó hoy que no hay "apoyo social" que respalde la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley del aborto y apuntó que el Gobierno está   "presionado por el lobby abortista y sólo beneficia a los que hacen un negocio con el tema".  
En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz del Foro Español de la Familia, José María Blanco, subrayó que la reforma de la ley "parece una manía" del Ejecutivo que no responde a una necesidad social.  
"Nos basamos, para empezar, en todo lo que hemos preguntado a asociaciones, iglesias, colegios y confesiones de todo tipo", argumentó, a la vez que recordó las manifestaciones que se han hecho  y se van a hacer en contra del aborto.  
En cualquier caso, destacó que el hecho de que "lo apruebe el Consejo de Ministros no quiere decir nada definitivo", puesto que ahora comienza el trámite parlamentario.  
"Tenemos esperanzas de que el Parlamento siga lo que al menos se determina en la Constitución: que hay que escuchar al pueblo para llevar a cabo una reforma de la ley", concretó.  
 Además, Blanco subrayó que lo que más llama la atención de la Ley del Aborto no es el hecho de que una menor de 16 años pueda interrumpir el embarazo sin contar con el consentimiento de sus padres, hecho que también calificó como "vergonzoso", sino que "se   presente como un derecho".  
En este sentido, resaltó que, en caso de aprobarse, se ataca "la   objeción de conciencia de los médicos". "Si ya era conflictivo y   tenían presión para objetar siendo un delito, mucho más si parece que se está negando a ofrecer un derecho", concluyó.       
 

El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el   consentimiento de sus padres. 
 
Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto incluye algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que destaca   el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la  mujer embarazada".   

Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que "se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción".   

Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.   

Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un   equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal,  y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia   mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de   estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se   regulará reglamentariamente. Además, se han recogido asimismo todas   las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para   garantizar la intimidad y la confidencialidad.    

Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto,   la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14,   siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las   ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su   decisión al menos tres días antes.   

De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo   en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la   embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además,   se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional   de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.   

Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que   propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el   consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre   la conveniencia de informarles.   
 

Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno   es "el que más se ajusta a la realidad social" española. "Es una ley   sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la   primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias", agregó.   
Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está "en   sintonía" con los países del entorno, subrayó que la voluntad es la   disminución de embarazos no deseados. "Que ninguna mujer tenga que   enfrentarse a la durísima decisión de abortar", dijo.


UN AÑO DESPUÉS 

 
La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto. En este periodo, el debate ha pasado por el Congreso, a través de una subcomisión a puerta cerrada que emitió un informe   posteriormente aprobado por la Comisión de Igualdad con la oposición del Partido Popular. El informe coincide con lo propuesto posteriormente por el Gobierno.   
 

Por otra parte, la titular de Igualdad creó un Comité de Expertos del ministerio que emitió otro dictamen, que coincidía mayoritariamente con lo aprobado en el Congreso. Además, Aído mantuvo una ronda de contactos con las asociaciones que habían solicitado reunirse con ellas, entre las que destacaron las de jóvenes, feministas y antiabortistas.   

Una vez emitidos los dos documentos y realizadas todas las   reuniones, la propia Aído presentó al Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo el anteproyecto de ley para su aprobación. El anteproyecto fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo  Fiscal y al Consejo de Estado para que emitiesen una valoración al   respecto.   
 Una vez recibidos los dictámenes, el último se hizo público la semana pasada, la ministra de Igualdad elevará mañana el proyecto al Consejo de Ministros para que lo apruebe y comience así el trámite parlamentario de la reforma.        
 

 La nueva legislación sobre el aborto que hoy se pone en marcha con la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley va a incidir negativamente en el clima moral de la sociedad española, en la ya muy precaria protección del que aún no ha nacido y en la protección a la mujer y la maternidad.

El primer afectado negativamente será el nasciturus cuya protección jurídica se degrada aún mucho más. La esencial novedad de la nueva ley es la desprotección jurídica total durante las primeras 14 semanas de embarazo del que va a nacer, periodo durante el cual el nasciturus carecerá de todo valor para el Derecho. Además, se mantiene la situación actual facilitadora del fraude de ley que permite de hecho el aborto libre hasta la semana 22 al amparo de un presunto peligro para la salud síquica de la madre y se introduce la legitimación del aborto sin plazo límite alguno en supuestos definidos de forma vaga e indeterminada.

El segundo afectado negativamente será la mujer. Esta ley -al facilitar el aborto y legitimarlo como derecho- va a dejar aún más abandonada a la mujer embarazada en situaciones problemáticas abocándola al aborto por carecer de apoyo y alternativas. La nueva ley no incorpora ni una sola medida de apoyo y ayuda a la embarazada para que tenga asequibles alternativas al aborto. Se trata de una ley que apuesta de forma inequívoca y sin contrapeso alguno por el aborto.

En tercer lugar, la nueva ley afectará negativamente al clima moral de toda la sociedad al imponer de forma coactiva la perspectiva de la salud sexual y reproductiva en clave de género –es decir, una particular ideología antihumanista no compartida por la mayoría de los españoles- en todas las escuelas y servicios de salud. Se trata de un planteamiento legislativo de hondo calado ideológico, impropio de una democracia e incompatible con el pluralismo y la libertad ideológica y religiosa que ha despertado poca atención en la opinión pública, pero que nos dará muchos disgustos en el próximo futuro a todos los que no compartimos esa ideología convertida en obligatoria por ley.

Está, por tanto, más que justificada la asistencia a la manifestación del próximo 17 de octubre en defensa de la vida, la mujer y la maternidad para todos aquellos a los que “cada vida importa”