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El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el consentimiento de sus padres.
Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto incluye algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que destaca el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la mujer embarazada".
Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que "se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción".
Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.
Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Además, se han recogido asimismo todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad.
Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.
De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.
Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles.
Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno es "el que más se ajusta a la realidad social" española. "Es una ley sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias", agregó.
Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está "en sintonía" con los países del entorno, subrayó que la voluntad es la disminución de embarazos no deseados. "Que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar", dijo.
UN AÑO DESPUÉS
La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto. En este periodo, el debate ha pasado por el Congreso, a través de una subcomisión a puerta cerrada que emitió un informe posteriormente aprobado por la Comisión de Igualdad con la oposición del Partido Popular. El informe coincide con lo propuesto posteriormente por el Gobierno.
Por otra parte, la titular de Igualdad creó un Comité de Expertos del ministerio que emitió otro dictamen, que coincidía mayoritariamente con lo aprobado en el Congreso. Además, Aído mantuvo una ronda de contactos con las asociaciones que habían solicitado reunirse con ellas, entre las que destacaron las de jóvenes, feministas y antiabortistas.
Una vez emitidos los dos documentos y realizadas todas las reuniones, la propia Aído presentó al Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo el anteproyecto de ley para su aprobación. El anteproyecto fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para que emitiesen una valoración al respecto.
Una vez recibidos los dictámenes, el último se hizo público la semana pasada, la ministra de Igualdad elevará mañana el proyecto al Consejo de Ministros para que lo apruebe y comience así el trámite parlamentario de la reforma.
