La organización de las sociedades modernas se establece de la siguiente manera. Yo elijo a una persona que decide cuanto dinero tengo que darle para que luego lo invierta donde considera que supone un mayor impacto para el bien común. Utiliza mi dinero, el de mi vecino y de muchos millones de personas a los que únicamente me une el modelo de DNI y la obligación ineludible de pagar mis impuestos. Si me da por hacerme el sueco es probable que acabe por lamentarlo, pues todo el peso de la ley y de la Agencia Tributaria caerá sobre mis huesos.
En román paladino se dice que no me quedan más narices que cumplir con mis obligaciones tributarias, una obligación que considero la única manera viable de lograr un correcto progreso como sociedad. Sin impuestos seríamos un compendio de seres más individualistas. Sí, mucho más aún de lo que ya somos.
Si el ciudadano cumple su misión, ya convertido en fiel contribuyente bien el por miedo a la amenaza judicial bien por el convencimiento del sustento del bien común, no tiene sentido que no lo cumpla el segundo agente del juego: aquel al que he elegido para que me diga cuanto hace falta para remodelar una plaza o cuanto tengo que rascarme el bolsillo para que los más desfavorecidos reciban comida con intestino final.
Las PYMES de este país llevan años bramando por el incumplimiento sistemático del calendario de pagos cuando es una administración pública la que contrata un servicio. Pasa en la estatal, pasa en la autónomica y sobre todo, pasa en la municipal. Los pequeños empresarios, que generan la gran mayoría de la riqueza y de los empleos, se las ven canutas para reclamar el cobro de su esfuerzo cuando ha sido contratado para servir a un bien común.
En Ceuta, como en cualquier otra ciudad española, se debe dinero a muchos proveedores. Hace una semana se levantó
in extremis un embargo judicial (¿no tuvieron suficiente con la sentencia?) de 400.000 euros a una empresa pública por deuda con una constructora tras años de reclamaciones. Dijeron los gestores que se había debido a un error contable (¿el señor que le da a la calculadora no apareció por el juicio?). Hace un par de días conocimos que la ciudad debe 7 millones a la empresa que desaliniza el agua para que beban todos los ceutíes. Siendo cierto o no, lo preocupante es que aquellas instituciones que disponen de manga ancha por su hecho ontológico, estiren de forma irresponsable la cuerda hasta llegar a no tener un duro
en cash. Gastar un dinero que no se tiene implica que el trabajo de muchas empresas tarda en cobrarse. Conlleva penurias y sufrimiento, además de la comprensible frustración de no ser pagado por quien gestiona el dinero de todos.
Habría que recordar al político la satisfacción que emana de un puntual pago del recibo de la hipoteca, para que el que, habitualmente, suele ser necesario la recepción -no menos periódica- de un salario. En los tiempos que corren no hay nada más satisfactorio que una factura bien cobrada.
Es responsabilidad de los gobernantes anticiparse a las penurias de aquellos a los que contratan para servir al bien común. Es necesaria una política responsable ante los efectos colaterales que se derivan del uso arbitrario de los fondos públicos. A lo mejor, de esta forma no se hagan fundamentales ni planes de distribución de pagos, ni líneas ICO para que los ayuntamientos paguen a sus proveedores. Mucho sufrimiento innecesario se puede evitar con pequeñas dosis de cordura.
