“El expediente a Endesa es un proceso largo y complejo”. Esta frase se ha convertido durante meses en la respuesta habitual de la portavoz del Gobierno a las preguntas sobre el proceso sancionador que la Ciudad abrió a Endesa por los cortes de luz de finales de octubre y principios de noviembre. Lo que seguramente no podía imaginarse el Ejecutivo local es que el proceso iba a ser tan largo que terminase por caducar al cumplirse los plazos legales para emitir una resolución. La legislación da un plazo máximo de seis meses para que la Administración notifique el resultado de la posible sanción a los interesados, un tiempo que en este caso ya ha sido superado, pero que sin embargo no ha supuesto frenos a las intenciones del Gobierno local para esclarecer las posibles responsabilidades.