La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha subrayado hoy en Cádiz que los criterios religiosos no deben condicionar las decisiones del Gobierno.

Aído ha explicado, durante la presentación de la campaña "Nuevas Energías" emprendida por el PSOE, que "se debe legislar desde el Parlamento y no desde el púlpito", en respuesta a las palabras del obispo de Cádiz, Antonio Ceballos, quien ha afirmado que los católicos "nunca pueden legitimar un crimen execrable" como el aborto.

Sobre la propuesta del Partido Popular de llevar la ley al Tribunal Constitucional, la ministra dijo no sorprenderse, "pues ya hicieron lo mismo con la ley que permitía la unión entre personas del mismo sexo".

Aído recordó que durante el gobierno de los populares, "el número de embarazos no deseados creció considerablemente" y les recriminó que "miraran hacia otro lado".

Así, la titular de Igualdad explicó que "un gobierno responsable es el que afronta los problemas y plantea soluciones, y esto es lo que estamos haciendo ahora".

El proyecto de la ley del aborto está en trámites y para la ministra "es la mejor ley que se puede hacer, aunque estamos abiertos a la negociación para que tenga el mayor consenso posible".

Preguntada por los periodistas si era consciente de que esta ley le podría costar miles de votos a su partido, Aído sentenció: "no gobernamos a golpe de encuesta, sino afrontando los problemas con responsabilidad".

Aído acompañó al secretario provincial del Partido Socialista en Cádiz y presidente de la Diputación, Francisco González Cabañas, en la presentación de la campaña "Nuevas Energías", que dio su pistoletazo de salida el viernes pasado en Sanlúcar de Barrameda de la mano del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hace ocho meses, representantes de los trabajadores autónomos y de los pequeños empresarios se concentraron ante el Congreso para reclamar al Gobierno la adopción de unas pocas medidas urgentes que evitaran el colapso económico de cientos de miles de familias. Entre esas medidas, destacaban tres: que pudieran pagar el IVA una vez cobrada la factura correspondiente y no antes, como sucede ahora; poner límites estrictos a la morosidad, sobre todo de las administraciones públicas; y mayores facilidades para acceder a la financiación. Pues bien, ninguna de estas demandas ha sido atendida por el Gobierno, motivo por el cual los autónomos volvieron a manifestarse ayer por el centro de Madrid.
     El amplio colectivo de los trabajadores autónomos y pequeños empresarios, integrado por más de tres millones de personas, conforma el tejido económico sobre el que descansa el núcleo más activo de la sociedad. De su vigor y pujanza depende en gran medida la salud económica del país. Sin embargo, es el sector peor tratado por los poderes públicos y el que menos atenciones recibe. Buena prueba de ello es que en marzo pasado el Congreso aprobó por unanimidad su reivindicación de pagar el IVA después de haber efectuado el cobro de la factura, pero el Gobierno todavía no ha trasladado este acuerdo al terreno práctico. Ni que decir tiene que la situación se agravará aún más con la subida del IVA, pues necesitarán adelantar mucho más dinero a Hacienda. El Gobierno también ha ignorado la modificación de la Ley de Morosidad, cuyo sistemático incumplimiento está estrangulando las quebradizas economías de los autónomos. Pese a que la ley establece que los pagos deben realizarse en 30 días para las empresas y en 60 para las administraciones públicas, el hecho es que éstas últimas están pagando con una morosidad media de 240 días. Entre los mayores morosos figuran los ayuntamientos, que adeudan a este colectivo casi 6.000 millones de euros. Algunos partidos, como CiU y PP, han presentado diversas inciativas parlamentarias para abordar una reforma de la Ley de Morosidad, pero el PSOE le ha ido dando largas mediante aplazamientos sucesivos, sin que hasta la fecha haya explicado los motivos. Obligados a adelantar el pago de los impuestos y sin poder cobrar a tiempo las facturas, a los autónomos y pequeños empresarios ya sólo les quedaba el recurso a la financiación externa. Pero tampoco en este terreno han recibido el apoyo eficaz del Gobierno. Si la batería de medidas que en su día «vendió» Zapatero como panacea contra la crisis no ha dado los resultados previstos, las relativas a este colectivo han sido un fracaso sin paliativos. Hasta la fecha, de los tres millones de autónomos no llegan al 1% los que se han podido beneficiar de los créditos del ICO.
     Aún se está a tiempo, sin embargo, de salvar a este colectivo, que sufre la hemorragia de mil parados cada día. El Gobierno está elaborando una nueva normativa que afecta a los derechos laborales y de desempleo de los autónomos. Algunos aspectos parecen positivos, pero otros son claramente discriminatorios, como que el subsidio de paro cubra sólo un año y no dos como el del resto de los trabajadores o que tengan que hacer el doble de esfuerzo para las mismas prestaciones. Contrasta el poco aprecio que manifiesta el Gobierno español con el interés de otros, como el francés, que ha aprobado medidas de apoyo por más de 5.000 millones de euros; o como el italiano, que ayer mismo decidió suprimir un impuesto que les gravaba con 38.000 millones.

El líder de IU llama a los parados a protestar contra los poderes económicos y la banca, "que nos han llevado a la crisis"