Imputaba al presidente de la AFE delitos de apropiación indebida y societarios, cuestionaba la aprobación de las cuentas de 2010 y el presupuesto para 2011, y la modificación de Estatutos.

La Audiencia de Madrid señala que "no se ha encontrado indicio delictivo alguno tras haber diseccionado minuciosamente los hechos"