Con el ex primer ministro Dominique de Villepin en el banquillo y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como acusación civil, comenzó hoy en el Tribunal Correccional de París el juicio por uno de los mayores escándalos políticos en Francia.
       Los jueces tratarán de aclarar quién y por qué se creó una lista falsa de personalidades, en la que figuraba el propio Sarkozy, con cuentas sospechosas en la entidad financiera luxemburguesa Clearstrem, nombre con el que se ha bautizado el caso.
       La instrucción ha desvelado indicios que apuntan a que el ex primer ministro estaba al tanto de la existencia de dicha lista y, según la acusación, no hizo nada al respecto consciente del daño político que podía acarrear a su entonces rival para las presidenciales de 2007 y ahora presidente.
       De ahí que De Villepin figure entre los cinco acusados en esta causa por "complicidad en denuncia calumniosa, complicidad en el uso de documentos falsos, ocultación de robo y ocultación de abuso de confianza".
       Sin embargo, el ex primer ministro siempre mantuvo que es inocente y que todo esto responde a una maniobra de Sarkozy para desacreditarle.
       Hoy mismo, nada más llegar al Tribunal, reiteró que se encuentra en esta situación "por la voluntad de un hombre, por el ensañamiento de un hombre, Nicolas Sarkozy, que es también presidente de la República francesa" y se mostró convencido de que saldrá libre y con su nombre limpio.
       El ex primer ministro hacía esta declaración a la prensa antes de sentarse en el banquillo junto a los otros cuatro acusados: el informático y financiero Imad Lahoud, el ex vicepresidente de EADS Jean-Louis Gergorin, el periodista Denis Robert, y el consultor Florian Bourges.
       Lahoud es el supuesto autor de las listas falsas de titulares de cuentas supuestamente procedentes de Clearstream que recibieron comisiones ilegales de la venta de fragatas de la empresa francesa Thompson a Taiwán en 1991.
       Él fue quien contactó con el vicepresidente de EADS para darle cuenta de la existencia de esos listados de titulares de cuentas en los que, además de Sarkozy, figuraban otras personalidades políticas, empresarios, propietarios de medios de comunicación e incluso la actriz y modelo, Laeticia Casta.
       Esas listas llegaron a manos del consultor Florian Bourges que, a su vez, se las pasó al periodista que trabajaba entonces para el diario "Liberation", Denis Robert.
       Todos ellos, que podrían ser condenados a 5 años de prisión y a una multa de 375,000 euros, están llamados a declarar para descifrar los entresijos de una trama que saltó a la luz en 2004 y que va mucho más allá de la acérrima enemistad política entre Sarkozy y Villepin, quien está previsto que declare el próximo día 30.
       Esta primera sesión del proceso, se centra en la presentación de los acusados, la lectura de los cargos que se les imputan, y en el planteamiento de eventuales irregularidades de procedimiento por parte de los abogados de las partes.
       Los defensores de Villepin ya anunciaron su intención de rechazar a Sarkozy como acusación civil, alegando que por el hecho de ser el jefe del Estado puede influir en la decisión de los jueces y, sobre todo, en la de la fiscalía.
       La de hoy es solo la primera sesión de un juicio que está previsto que concluya el próximo 23 de octubre y que se celebra en la misma sala del Tribunal de Gran Instancia de París en la que María Antonieta fue condenada a la guillotina.
       Además de Villepin, también subirá al estrado en calidad de testigo el general de los servicios secretos, Philippe Rondot, al que el propio ex primer ministro encargó que investigara las listas y quien concluyó que eran falsas.
       Otro de los testigos considerados clave es el juez encargado de la instrucción, Renaud Van Ruymbeke, que recibió de forma anónima los polémicos listados, aunque luego Gergorin confesó que él se los había enviado.
       A la espera del dictamen de los jueces, Sarkozy ya ha dejado claro que no desistirá hasta que se aclare todo e incluso ha llegado a decir, en privado, que colgará "de un gancho de carnicero al cabrón que ha montado este escándalo" para impedirle ser candidato a la presidencia de la República.