Diez comunidades han votado a favor y las seis del PP, alvo la ciudad autónoma de Ceuta, han obedecido las instrucciones de Rajoy de no oponerse a la propuesta del Gobierno

El nuevo modelo de financiación autonómica, el quinto que acuerdan las comunidades autónomas desde 1986, ha recibido hoy luz verde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
    Desde que se configuró el mapa autonómico, la financiación de las comunidades sometidas al régimen general -todas, salvo el País Vasco y Navarra acogidas al foral- han estado reguladas por sucesivos sistemas que, con más o menos suerte, han intentado cubrir las necesidades financieras de las autonomías.
    Aunque en el primer modelo dominaron las transferencias directas del Estado a las comunidades, la paulatina asunción de competencias y de capacidad normativa y fiscal permitió a las autonomías adoptar sistemas donde cada vez había más financiación obtenida de impuestos cedidos y propios.
    El primer modelo de financiación se acordó en 1986 para el quinquenio 1987-1991, tras duras negociaciones y un período transitorio que se inició con la aprobación de los Estatutos de autonomía.
    A partir de ahí se aprobaron sucesivamente otros tres sistemas que se desarrollaron en las siguientes etapas: 1992-1996, 1997-2001, 2002-2009, al que se suma el de hoy.
    En el quinquenio 1992-1996, el modelo de financiación, aprobado con el voto en contra de Canarias, fijó un Fondo de Compensación Interterritorial y acordó la cesión a las autonomías de un 15 por ciento IRPF de la cuota recaudada en cada comunidad.
    El Gobierno aportó como financiación no condicionada 107.378 millones de pesetas de 1990.
    El tercer modelo (1997-2002) se aprobó tras el pacto entre el PP y CiU y contó con el voto favorable de las diez comunidades gobernadas por el PP y de Canarias mientras que las gobernadas por los socialistas votaron en contra.
    El IRPF se dividía en un tramo general estatal y otro autonómico, inicialmente fue del 15 por ciento pero alcanzó el 30 para las comunidades que fueron asumiendo la Educación.
    La discrepancia fue tal que Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura no aceptaron el modelo y se acogieron al anterior, lo que posteriormente originó una larga polémica por la liquidación.
    El cuarto modelo (2002-2009) dio un paso más y el Gobierno cedió el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA, el 40 por ciento de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el cien por cien de los impuestos de electricidad y matriculaciones.
    El modelo vigente se aprobó por unanimidad en julio de 2001, después de seis meses de negociaciones, y entró en vigor el 1 de enero de 2002.
    Para su puesta en marcha se modificaron algunos artículos de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), de la de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y la que regula el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
    Se actualizó la Ley General de Sanidad y el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, para la integración de la sanidad entre los servicios públicos prestados por las comunidades y permitir la participación de Ceuta y Melilla.
    Fue dotado con 8,5 billones de pesetas y se fijó el año 1999 como base para la contabilidad y el censo de la población.
    La población ponderaba en un 94 por ciento, en un 4,2 la superficie, en un 1,2 la dispersión y en un 0,6 la insularidad.
    El Fondo de Suficiencia aprobado proporcionó partidas adicionales a aquellas autonomías en las que los gastos superasen a los ingresos.
    La ampliación de los tramos cedidos de los impuestos se sumaba a otros tributos ya traspasados como los de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos patrimoniales y la tasa sobre el juego.
    Todos forman parte de la financiación incondicionada, mientras que en la condicionada figuran los fondos de Asignación de nivelación para Educación y Sanidad, el de Cohesión destinado a Sanidad, el de Compensación Interterritorial y los que se deriven de convenios y contratos, o bien programas
    Invariablemente, los modelos de financiación han estado envueltos en largas negociaciones y discrepancias autonómicas y todos ellos han recibido, finalmente, el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano creado en 1980 con el fin de coordinar la actividad financiera de las comunidades y de la Hacienda del Estado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado hoy el visto bueno a la propuesta del Gobierno sobre el modelo de financiación autonómica con el voto favorable de las comunidades socialistas, así como de Cantabria (PRC-PSOE) y Canarias (CC-PP), y la abstención de las gobernadas en mayoría por el PP.
    Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha asegurado que diez comunidades autónomas han votado a favor, mientras que las seis gobernadas por el PP se han abstenido y Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, gobernada en mayoría por el PP, han votado a favor.

El nuevo modelo de financiación autonómica que se debate hoy culmina un proceso de negociación de más de un año, que aún deberá ser refrendado por el Parlamento antes de que las comunidades lo ratifiquen en sus comisiones mixtas con el Gobierno.
    Las claves del nuevo modelo son las siguientes:
   
    1.- ¿Qué es el sistema?
    Es la forma que tiene el Gobierno central de financiar los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, como la educación, la sanidad y otras competencias transferidas hace años.
   
    2.- ¿Por qué se reforma?
    El Gobierno creyó oportuno reformar el modelo dado el incremento de población registrado por algunas comunidades y la necesidad de dotar con más recursos algunos servicios. Además, era necesario dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad.
    Algunas comunidades gobernadas por el PP apostaron, sin embargo, por mantener el sistema actual, aprobado en julio de 2001, pero revisándolo para dar respuesta a la evolución demográfica, que afectaba esencialmente a Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia.
   
    3.- ¿A qué comunidades afecta?
    A las quince de régimen común -todas salvo las dos forales: País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema propio- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
   
    4.- ¿Cuánto dinero supone?
    El Gobierno ha ofrecido 11.000 millones de euros adicionales al sistema, que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
    La última liquidación conocida del modelo de financiación autonómica corresponde a 2007 y ascendió a 114.357 millones de euros en 2007, con un incremento del 3,9 por ciento respecto al año anterior.
    Los recursos recaudados y transferidos por la Administración General del Estado ascendieron en 2007 a 92.317 millones de euros y los tributos recaudados por las comunidades supusieron 22.040 millones de euros.
   
    5.- ¿En qué fondos se distribuye y a qué se destinan?
    El Gobierno ha propuesto cuatro fondos. Uno de ellos garantizará la prestación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- residan donde residan. Supone el 80 por ciento del sistema y se financiará con el 75 por ciento de los tributos cedidos a las comunidades y un 5 por ciento procedente del Estado.
    De cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25 por ciento restante.
    Otro fondo es el de Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado y que pretende asegurar el mantenimiento del "statu quo" de las comunidades financiando las otras competencias que tienen transferidas.
    Para reducir las diferencias de financiación per cápita, la propuesta prevé un Fondo de Competitividad que se calculará anualmente.
    Estos dos suponen el 16,5 por ciento de los recursos.
    El cuarto fondo es el de Cooperación, que se distribuirá entre las comunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población. Representa el 3,5 por ciento del total.
   
    6.- ¿Qué variables se tienen en cuenta a la hora del reparto de los fondos?
    Fundamentalmente el número de habitantes, que pondera el 30 por ciento. Por su parte, la población protegida (gasto sanitario), dividida en siete grupos de edad, pondera el 38 por ciento, y la escolar, el 20,5.
    Por su parte, el envejecimiento pondera un 8,5 por ciento; la superficie, un 1,8 por ciento; la dispersión, un 0,6, y la insularidad, otro 0,6.
    Para dar respuesta a las peticiones de las comunidades, en esta ocasión se tendrá en cuenta la densidad, la superficie y el bilingüismo.
   
    7.- ¿Cómo se ha incrementado el porcentaje de la cesión de impuestos?
    El nuevo modelo prevé ceder el 50 por ciento del IRPF y del IVA, frente al 33 y 35 del actual, y el 58 por ciento frente al 40 de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el cien por cien de los impuestos de electricidad y matriculaciones. Les da también a las comunidades una mayor capacidad normativa.
    Mientras en el actual el 70 por ciento de todos los recursos de las comunidades proviene de los cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo ese porcentaje pasaría a ser el 90 por ciento.
   
    8.- ¿El modelo equilibra la financiación per cápita?
    El Gobierno entiende que sí, al reducir las diferencias actualmente existentes hasta en un 25 por ciento en el primer año de aplicación. Así, mientras que ahora las diferencias de financiación per cápita entre la que más tiene y la que menos es de 40 puntos, ahora se pretende rebajar hasta los 30 puntos.
   
    9.- ¿Tiene el modelo fecha de caducidad? ¿Cuándo se revisará?
    El sistema tendrá mecanismos anuales de revisión, pero cada cinco años un Comité informará sobre posibles modificaciones, que someterá a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
   
    10.- ¿Qué opinan las comunidades?
    Hay división entre ellas. Mientras que Cataluña apoya el documento al haber recogido las previsiones de sus Estatuto, las gobernadas por el PP piensan que no se han tenido en cuenta los incrementos reales de la población y creen que la distribución de los 11.000 millones beneficia solo a Cataluña. Todavía confían en poder introducir algunas de sus propuestas. Las socialistas, por su parte, están satisfechas, aunque con algunos matices, con el modelo.
   
    11.- ¿Qué pasa si un comunidad no acepta el sistema?
    El sistema es para todas, aunque cada una deberá ratificarlo en una comisión "ad hoc" si quiere aplicarlo en su territorio. Las que no lo acepten en los seis meses siguientes a su aprobación se regirán por el modelo vigente con las adaptaciones necesarias.
    Si deciden adscribirse posteriormente, no recibirán compensaciones por los recursos y fondos adicionales no percibidos en el período comprendido entre 2009 y 2013.
   
    El acuerdo deja sin efecto las medidas derivadas de la II Conferencia de Presidentes sobre dotaciones complementarias para la financiación de la asistencia sanitaria y de compensación de insularidad, así como el Fondo presupuestario que instrumenta la actual garantía de asistencia sanitaria.

La presidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que la Comunidad votará en contra del nuevo modelo de financiación en la reunión que se celebrará esta tarde en el Consejo   de Política Fiscal y Financiera (CPPF) "salvo que el PP nacional decida otra cosa".  
   En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de la   formación madrileña, Aguirre manifestó que no va a permitir que los servicios públicos de la región "los pacte" el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que no tolerará q se trate a los madrileños como "ciudadanos de tercera".  
   "Aquí hay ciudadanos de primera, que son los de Cataluña, ciudadanos de segunda, que son los de la comunidades autónomas que gobierna el PSOE, y unos ciudadanos de tercera, que son los   madrileños", afirmó.  
   La dirección regional apuntó que el modelo de financiación   elaborado por el Gobierno central "es un asalto al bolsillo de los   contribuyentes" e indicó que el Ejecutivo cree "que va a tapar las   bocas" de los consejeros de Economía de las comunidades autónomas.   
   También desveló que ayer por la tarde mantuvo una conversación   telefónica con Rodríguez Zapatero durante largo rato en la que le   expuso su opinión sobre el nuevo sistema. Con posterioridad habló con   la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a la que le remitió un   documento elaborado por el consejero de Economía y Hacienda de la   Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, en la que se le mostraba la   postura regionalpara garantizar la suficiencia financiera. Añadió   asimismo que ni Zapatero ni Salgado se han comprometido a nada con   ella.

COSPEDAL, DE ACUERDO
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber cerrado el nuevo modelo de financiación autonómica "sólo con quien le interesa políticamente para mantenerse en el sillón de La Moncloa" y le reprochó no haber convocado a las comunidades autónomas con anterioridad a la celebración esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para conseguir un pacto en torno al   sistema tal y como defiende, según ha asegurado, su partido en "aras del principio de igualdad y solidaridad".  
   Durante su intervención en el acto inaugural de la Escuela de Verano del PP 'Ahora España. Hay Alternativa' en Roquetas de Mar (Almería), Cospedal apeló a la "responsabilidad moral" del PP para oponerse al nuevo modelo al tiempo que afirmó que en él ha primado la "necesidad" de unos apoyos parlamentarios que el PSOE "no tiene".