Una charanga, un tipo disfrazado de preso con su traje a rayas y una gran pancarta con el lema
¡Basta ya! Tenemos derechos. Detrás, varios miles de funcionarios de prisiones -5.000, según los cálculos siempre optimistas de los organizadores- que protestaban ayer por la masificación del sistema penitenciario español (que, sin embargo, en octubre, se redujo a 64.628 presos), la escasez de personal de vigilancia y el populismo punitivo, que lleva al endurecimiento del Código Penal y a que la población reclusa pase cada vez más tiempo en prisión. Pero también, en plena crisis, por razones estrictamente salariales -dicen que al recorte del 5% se les ha sumado este mes que no han cobrado la productividad- u organizativas, como la instalación de un sistema electrónico para asegurarse de que hacen sus rondas.
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