AGENCIAS

• Transparencia Internacional da sus galardones anuales.
• Sant Cugat, Avilés, Gijón, Bilbao, Mataró y Alcobendas, premiados.
• La mayoría de los consistorios buscan ser más "transparentes".

Los ayuntamientos de San Cugat del Vallés, Avilés, Gijón, Bilbao, Mataró y Alcobendas han sido premiados con los Premios a la Transparencia Municipal 2009, que concede la organización Transparencia Internacional España y que reconoce las buenas prácticas de los entes locales.

Este premio mide el nivel de transparencia de los ayuntamientos ante sus ciudadanos y evalúa la gestión de los 110 mayores de España, a través de 80 indicadores.

En concreto, analiza la información que ofrecen las entidades locales, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, la transparencia económico-financiera, las contrataciones de servicios y la gestión en materia de urbanismo y obras públicas.

San Cugat del Vallés quedó en primer lugar y las corporaciones de Avilés y Gijón (Asturias), Bilbao, Alcobendas (Madrid) y Mataró (Barcelona) han quedado en segundo lugar al haber obtenido la misma puntuación (97,5 puntos sobre cien).

Antes de proceder a la entrega de los premios, el presidente de la organización Transparency International (TI) en España, Jesús Lizcano, ha destacado que hay una tendencia, por parte de las corporaciones locales, "a mejorar la transparencia" en su gestión y en su relación con los ciudadanos. Algo que sin embargo, no ha evitado que España sea más corrupta que hace un año, según otro estudio de esta organización.

Los corruptos "una minoría"

En su entrega de premios, el alcalde de San Cugat del Vallés, Lluís Recoder, ha dicho que "ser transparente no es algo que nos vacune contra las malas prácticas, pero ayuda a desterrarlas".

Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, ha recalcado que la mayoría de los regidores municipales "estamos por hacer bien las cosas" y que los políticos, alcaldes o ediles corruptos son "una minoría", aún así la Justicia

Estos premios parence ofrecer una imagen muy distinta a los varios ayuntamientos que han sido salpicados por asuntos de corrupción en los últimos tiempos como Santa Coloma, Palma de Mallorca, San Miguel de Abona (Tenerife),  Arrecife (Las Palmas), Lorca (Murcia), La Muela (Zaragoza) y otros tantos.

MADRID- El pasado 13 de octubre se supo que Arnaldo Otegi y otras nueve personas habían mantenido reuniones en relación a una propuesta política del propio Otegi que la izquierda abertzale pretendía impulsar para volver a las instituciones por medio de un supuesto distanciamiento de la violencia.
Ese día, la sonrisa cínica del portavoz de la ilegalizada Batasuna volvió a ser inmortalizada por las cámaras cuando era conducido esposado. Está –están todos los detenidos– acusados de recomponer la «mesa nacional», para lo que habían creado un órgano denominado «Bateragune», cuya traducción al castellano significa «todos juntos» o lugar de encuentro.
Tras este golpe de las Fuerzas de Seguridad para impedir el renacimiento de Batasuna, el siguiente paso bien podría apuntar a los reductos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que perviven en los ayuntamientos del País Vasco desde las elecciones municipales de mayo de 2007.
Entonces, en plena tregua de ETA, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, impugnó 110 de las 265 candidaturas de ANV, lo que permitió su entrada en decenas de consistorios.
En la apertura del Año Judicial,  el fiscal del Estado abogó por cambiar la ley para impedir que los concejales de ANV continúen en sus cargos después de que –en septiembre de 2008– el Tribunal Supremo ilegalizara la formación a instancias del Ministerio Público. En palabras de Conde-Pumpido, «se trata de poner coto a una situación difícilmente aceptable en democracia: que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido político que luego ha sido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista puedan seguir ostentando el Gobierno de las corporaciones municipales».
Para conseguir ese objetivo, el fiscal general del Estado reclama que debe modificarse la vigente Ley de Bases de Régimen Local, en concreto su artículo 61. Por el contrario, el Partido Popular considera que este texto legal, tal como está articulado, ya abre la puerta a la disolución de un ayuntamiento en el supuesto de «gestión gravemente dañosa para los intereses generales».
Desacuerdos
Una diferencia de criterio que puso de manifiesto también el desacuerdo en este punto entre el PSE del lendakari Patxi López y su socio de Gobierno, el PP vasco de Antonio Basagoiti. El pasado 23 de septiembre, ambos partidos escenificaron sus diferencias al votar una iniciativa de UPyD que pedía al Gobierno de España que disolviera los consistorios de ANV en aplicación del artículo 61,1 de la mencionada ley. El PSE votó en contra.
El portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, basaba su negativa en que la propuesta firmada por PP y UPyD «fuerza» la Ley de Bases de Régimen Local y «va más allá» del texto de la norma. Según indicó, «todos los dictámenes jurídicos que se han emitido hasta la fecha coinciden en que, con la ley actual, no se puede negar a las personas electas el derecho a permanecer en los cargos públicos para los que fueron elegidos aunque haya sentencias de ilegalización».
En el PP tienen una visión muy distinta. Juana de Bengoechea, concejala popular en Irún y vicesecretaria del PP en el País Vasco, asegura que «ningún juez ha emitido sentencia en un caso semejante con la ley actual». En su opinión, la pregunta clave es: «¿No condenar el asesinato de un vecino a manos de los terroristas de ETA puede considerarse gestión gravemente dañosa para los intereses generales?». Según el artículo 61,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, serán «decisiones gravemente dañosas» para ese interés general «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
El orden lógico de los hechos sería que el Ejecutivo nacional o las diputaciones forales disolvieran los ayuntamientos de ANV basándose en ese artículo 61, lo que daría ocasión a que un magistrado «interpretara la norma» y fallara para «saber si es suficiente» según está articulada, apunta Bengoechea.
El siguiente paso sería nombrar gestoras que administrasen los consistorios –como se hizo en Marbella–, pero el Gobierno no está por la labor. Ha actuado para defenderse de las actuaciones contra derecho de estas administraciones locales, e incluso les ha ganado en algún caso en los tribunales, pero no aplica la ley con la disolución como objetivo.
Al Grupo Mixto
Mientras, los ediles de ANV permanecen en sus cargos después de que su formación haya vivido una suspensión penal por un auto del juez Baltasar Garzón y una ilegalización por una sentencia del Supremo. Así, el magistrado de la Audiencia Nacional suspendía en febrero de 2008 explícitamente al partido ANV y, en segunda comunicación, a los grupos municipales de ANV. En la mayoría de las corporaciones se consideró que el auto sí permitía que los grupos municipales de la formación pasasen a ser «grupos mixtos».
La Sala 61 del Supremo, por su parte, ilegalizaba en septiembre de 2008 al partido y hacía alusión a «entidades continuadoras». En aquella ocasión, en la mayoría de los ayuntamientos se estimó que la sentencia imposibilitaba que los concejales pasasen a formar «grupo mixto» y que, forzosamente, habían de ser considerados «concejales no adscritos». Sin embargo, el fallo no fue comunicado a las instituciones, por lo que no existía conocimiento oficial y no tenía por qué surtir efectos en ese momento.
La comunicación a ANV de la sentencia debiera haber provocado la desaparición de los grupos municipales de esta formación y la imposibilidad de que formaran «grupos continuadores», como serían los «grupos mixtos». Había dudas entonces de que existiera una conexión jurídica probada entre un partido político y el grupo institucional. De hecho, en el Congreso de los Diputados se ha visto el préstamo de electos para formar grupos: los electos que se presentan en una lista no tienen por qué coincidir con los que forman grupos institucionales. No faltaron por este motivo defensores de que la sentencia de ilegalización sobre el partido no afectaba a los grupos municipales mientras no hubiera una pronunciación explícita y oficialmente comunicada por el tribunal en ese sentido.
Pero, en la primavera de este año, el Supremo especificó que el cumplimiento de la sentencia exigía la disolución de los grupos municipales de ANV y la imposibilidad de formar un «grupo mixto», porque se le consideraría «continuador». Y es que hasta ahora, tanto la doctrina del Supremo como la del TC han incidido en que el escaño no pertenece al partido, sino a los electores que lo han hecho posible con sus votos.
 

Artículo 61

El precedente de Marbella
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local sólo se ha aplicado hasta ahora en el Ayuntamiento de Marbella. Dice así:
1.- El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2.- Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3.- Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales (...).
 

Valencia, Barcelona, Córdoba, Mérida, Málaga, Palma de Mallorca y, dentro de la Comunidad de Madrid, Coslada, Getafe y Paracuellos del Jarama son los municipios que acompañan a Madrid en su aventura olímpica en calidad de subsedes.
Madrid ha resuelto su lejanía de la costa con el traslado de las pruebas de vela a Valencia, cuyo puerto está sobradamente probado gracias a la disputa en 2007 de la Copa del América.
Las instalaciones, no obstante, necesitarían obras de remodelación por valor de 60,5 millones de dólares, según el informe de candidatura presentada por Madrid al COI.
Los estadios Olímpico de Barcelona, Nuevo Arcángel de Córdoba, La Rosaleda de Málaga, Romano de Mérida y Ono de Palma de Mallorca se repartirían las fases preliminares del torneo de fútbol, cuyas rondas finales se disputarían, ya en la capital, en el Santiago Bernabéu.
En Córdoba y Mérida habría que hacer obras con coste de 100,2 y seis millones de dólares, respectivamente.
Todas las subsedes peninsulares estarían unidas con Madrid por trenes de alta velocidad.
Ya en la Comunidad, el municipio madrileño de Getafe albergaría un canal de remo y piragüismo de nueva construcción, con capacidad para 14.000 personas, en el que también se disputarían las pruebas de maratón en natación. La inversión necesaria ascendería a 94 millones de dólares.
Situados a escasa distancia del anillo olímpico pero municipios independientes de Madrid, Coslada y Paracuellos del Jarama construirían nuevas instalaciones para los torneos de voleibol y de tiro olímpico.
El pabellón de voleibol, con 15.000 localidades, costaría 73,6 millones de dólares y el Centro de Tiro, con aforo para 4.000 espectadores, 27,8 millones.
Los alcaldes de las nueve localidades están invitados a asistir a la elección de la sede de los Juegos de 2016 en Copenhague el próximo 2 de octubre.