El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye, tal y como defendió Caballas la pasada legislatura, que la empresa pública a la que el Ejecutivo del PP ha encomendado en dos años más de 40 trabajos con un presupuesto de casi 60 millones de euros, actuar en núcleo urbano excepto en caso de "catástrofes medioambientales o en crisis". Vivas anunció en campaña que erradicaría esa tónica de adjudicaciones directas.