El pleno de la Eurocámara ha dado hoy el respaldo definitivo, tras dos años de tramitación, al nuevo marco regulador del mercado de las telecomunicaciones de la Unión Europea (UE), que garantizará una mejor protección de los derechos de los consumidores y un refuerzo de la competencia en el sector.

El pleno reunido en Estrasburgo ha aprobado el texto por 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones, después de que los negociadores del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE (los gobiernos) llegasen a un acuerdo este mes sobre el último punto de discordia en toda la legislación: la posibilidad de cortar internet a usuarios que violen normas como los derechos de autor.

Finalmente, decidieron que el acceso de un usuario a internet pueda restringirse, "de ser necesario y proporcionado", únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya "el derecho del usuario a ser escuchado".

"En casos de urgencia debidamente comprobados", añade el documento, se podrán estipular "condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento" en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

En un principio, los eurodiputados defendieron que sólo un juez pudiese decidir la desconexión de un usuario, pero, tras un análisis jurídico de las capacidades de la UE en este ámbito, aceptaron esta solución alternativa.

Una de las ponentes de la legislación, la eurodiputada socialista francesa Catherine Trautmann, señaló que el PE se ha asegurado de que los derechos de los ciudadanos no sean "desdeñados o ignorados", al aprobar un texto legal que, por "primera vez", se refiere al "uso de internet como un ejercicio de los derechos y libertades fundamentales".

El respaldo del pleno hoy a la nueva regulación es la última ratificación que necesitaba por parte de las instituciones con poder legislativo de la UE, después de que la semana pasada los ministros europeos también la avalasen.

A continuación, está previsto que mañana el presidente del PE, Jerzy Buzek, y, finalmente, el ministro sueco de Telecomunicaciones, Åsa Torstensson -en nombre de la presidencia de turno sueca de la UE-, firmen la legislación, que entrará en vigor cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Unión el próximo 18 de diciembre.

Los países europeos deberán trasponer estas nuevas normas a sus legislaciones nacionales para junio de 2011, recordó la Comisión Europea en un comunicado.

La amplia normativa también incluye disposiciones para proteger mejor los derechos de los consumidores que utilicen estas tecnologías, de forma que, por ejemplo, podrán cambiar de operador si lo desean en un solo día, defenderse mejor del "spam" (emails no deseados) o las "cookies" (programas que registran la navegación en internet) o acceder más fácilmente al número de urgencias 112.

Para el Consejo Europeo de Editores (EPC, en inglés) y el Interactive Advertising Bureau (IAB), la directiva sobre privacidad proporciona una "sólida base legal" para las gestión de las "cookies", ya que todas aquellas que no sean básicas para el funcionamiento de internet deberán ser autorizadas por los usuarios, recordaron en un comunicado.

Por otra parte, la regulación introducirá medidas para estimular la competencia en el sector, modernizar la utilización del espectro radioeléctrico y garantizar la "neutralidad" de la red y que los operadores no puedan discriminar servicios como el P2P o las llamadas de voz por internet.

También se creará un Cuerpo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) que asesorará a la Comisión y a los reguladores nacionales, que tendrán mayor independencia de los gobiernos y la industria.

Con el mismo objetivo de incrementar la competencia, un regulador nacional podrá pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios ("separación funcional"), una medida que podrá aplicarse únicamente de forma "excepcional".

La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, señaló por su parte que el BEREC es una "señal visible de que hablamos en serio cuando decimos que los operadores de Telecomunicaciones de Europa y los consumidores no deberían estar sujetos a fronteras nacionales en el acceso a las redes y en la oferta de servicios de comunicación".

"Un verdadero mercado único de las telecomunicaciones está ahora al alcance", agregó.

La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Indice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).   

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano. Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.  

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles   de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".   

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.  

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos. En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países   desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".  

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".   

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las   autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".    

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".