El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el que mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el   consentimiento de sus padres. 
 
Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto incluye algunas de las recomendaciones del Consejo de Estado, entre las que destaca   el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal "es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la  mujer embarazada".   

Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que "se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción".   

Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.   

Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un   equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal,  y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia   mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de   estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se   regulará reglamentariamente. Además, se han recogido asimismo todas   las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para   garantizar la intimidad y la confidencialidad.    

Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto,   la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14,   siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las   ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su   decisión al menos tres días antes.   

De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo   en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la   embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además,   se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional   de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.   

Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que   propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el   consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre   la conveniencia de informarles.   
 

Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno   es "el que más se ajusta a la realidad social" española. "Es una ley   sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la   primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias", agregó.   
Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está "en   sintonía" con los países del entorno, subrayó que la voluntad es la   disminución de embarazos no deseados. "Que ninguna mujer tenga que   enfrentarse a la durísima decisión de abortar", dijo.


UN AÑO DESPUÉS 

 
La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Bibiana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto. En este periodo, el debate ha pasado por el Congreso, a través de una subcomisión a puerta cerrada que emitió un informe   posteriormente aprobado por la Comisión de Igualdad con la oposición del Partido Popular. El informe coincide con lo propuesto posteriormente por el Gobierno.   
 

Por otra parte, la titular de Igualdad creó un Comité de Expertos del ministerio que emitió otro dictamen, que coincidía mayoritariamente con lo aprobado en el Congreso. Además, Aído mantuvo una ronda de contactos con las asociaciones que habían solicitado reunirse con ellas, entre las que destacaron las de jóvenes, feministas y antiabortistas.   

Una vez emitidos los dos documentos y realizadas todas las   reuniones, la propia Aído presentó al Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo el anteproyecto de ley para su aprobación. El anteproyecto fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo  Fiscal y al Consejo de Estado para que emitiesen una valoración al   respecto.   
 Una vez recibidos los dictámenes, el último se hizo público la semana pasada, la ministra de Igualdad elevará mañana el proyecto al Consejo de Ministros para que lo apruebe y comience así el trámite parlamentario de la reforma.        
 

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, espera y desea que la reforma de la legislación sobre el aborto se mejore en su trámite parlamentario y, en concreto, confía en que no se impida la compañía y las opiniones del entorno de la menor que tiene que tomar esa decisión, pues le "choca" que una chica de 16 años pueda abortar sin la opinión y el apoyo de las personas que la quieren. ambién quiere que en el PSOE se tengan en cuenta todas las posturas al respecto, pues está convencido de que en el partido no todos piensan "milimétricamente lo mismo". 
En una entrevista con Europa Press, Bono explicó que, más que   nada, el aborto es "un fracaso". "Algunos lo plantean como un derecho  y otros como un crimen, para mí es un fracaso, un hecho triste que no cabe festejar como un éxito, sino regular legalmente como un   fracaso", sentenció.  
A su juicio, "ante un fracaso que produce dolor, contrariedad y   tristeza, probablemente la ayuda del entorno, de las personas que más quieren a quien ha de tomar esa decisión, no haya que impedirla". "A una muchacha que desee abortar no se la debe aislar, sino facilitarle   la compañía de las personas que la quieren, como su pareja, sus padres y sus hermanos --enfatizó--. Es legítimo que así sea".  
En cualquier caso, insistió en la conveniencia de facilitar la participación del entorno de la menor. "Si la decisión última ha de ser de la mujer, me atrevería a decir que no ha de ser la única, debe haber otras opiniones --dijo--. Abortar es una decisión que afecta   sobre todo a la mujer que lo decide pero no solo a ella. Su pareja   parece que también puede decir algo relevante".  
Además, expresó su deseo de que este proyecto de ley, como todos, se mejore en el trámite parlamentario a su paso por las Cortes, para lo cual aconsejó buscar "el máximo nivel de acuerdo porque no es un tema menor". "No es un tema que pueda usarse para el enfrentamiento entre los españoles. El aborto tiene una trascendencia social grande,   se presta a hacer planteamientos hasta muy demagógicos y sería bueno alcanzar el máximo nivel de consenso", sentenció. 

NO SE PLANTEA ROMPER LA DISCIPLINA  

De todas formas, Bono no se plantea apelar al voto en conciencia cuando el proyecto llegue al Congreso, pues tal y como está configurada la legislación electoral española, los diputados debemos   el escaño al partido que nos presenta en listas cerradas y bloqueadas. "No me planteo la posibilidad de la indisciplina",  garantizó.
Eso sí, dijo que "aspira, desea y quiere" que el PSOE tenga en cuenta "todas las opiniones" en el seno del partido, pues no todos piensan "milimétricamente igual". "No sería un valor democrático que todos pensásemos milimétricamente igual, pues cuando eso ocurre es   porque uno piensa por todos los demás o porque no piensa nadie".
José Bono afirma que a él "no le molesta el crucifijo" en ningún ámbito y que respetará "lo que la mayoría decida" .   

«NO ME MOLESTA EL CRUCIFIJO»

Por otra parte, Bono añadió que  a él "no le molesta el crucifico" en ningún ámbito de la vida, aunque matizó que respetará "lo que la mayoría decida" en referencia a la intención del Gobierno de retirar los crucifijos en las escuelas.
"A veces los españoles -explicó- tenemos cierta tendencia a emitir opiniones con vocación omnicomprensiva y generalizadora, pero la sociedad es mucho más rica en matices y se resiste a recetas dogmáticas y fórmulas magistrales".  
 Asimismo, Bono recordó que la Constitución establece que España no es un Estado confesional, "pero somos hijos de un pasado secular en que el crucifijo se confundía con los símbolos del Estado" y hasta  algunos pontificaban que "no se podía ser español sin ser católico,   lo cual es disparatado".  
Por eso, entiende que si hoy "a alguien le incomodara la manifestación pública de un sentimiento religioso, habría que escucharle y ver si esa molestia es jurídicamente aceptable o es constitucionalmente insoportable". "Que no haya crucifijos en las   escuelas públicas no va a disminuir el sentimiento religioso de los que lo tenemos", agregó.

EVITAR ENFRENTAMIENTOS  

Por otra parte, señaló que "hay muchos cristianos" que, como él,   no desean que los símbolos religiosos "se utilicen para imponer convicciones a nadie". En esta línea, citó al cardenal Tarancón, que siempre "se opuso a que un partido demócrata-cristiano representara a la Iglesia y a que la Constitución proclamara la confesionalidad católica del Estado". "Entonces y ahora había y hay otros cardenales nada taranconianos", añadió.
"Debemos ser respetuosos y que la mayoría decida, por supuesto  respetando los sentimientos y convicciones religiosas de todos los ciudadanos", concluyó.