La cercanía de los comicios autonómicos del mes de mayo posibilita el que los ciudadanos y ciudadanas puedan comparar y valorar en su justa medida las diferentes promesas electorales planteadas por las formaciones políticas que concurrirán a estas elecciones. En esta ocasión, debo centrarme en las manifestaciones vertidas la semana pasada por la coalición Caballas en las que acusaba al Ejecutivo local de “acribillar” los bolsillos de los más humildes a través de un supuesto incremento en la presión fiscal, añadiendo a continuación la promesa populista de suprimir las actuales tasas de basura y alcantarillado así como, la de disminuir significativamente los impuestos que gravan a vehículos y carburantes.

Los portavoces de la coalición argumentan sus acusaciones en un análisis frívolo de las cuentas de ingresos y gastos incluidos en los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el presente ejercicio obviando intencionadamente, que el incremento en la recaudación de las tasas indicadas por ellos se producen como consecuencia directa de la mejora experimentada en los servicios encargados de esta labor. Debo puntualizar, que unificar en una misma factura los conceptos de alcantarillado, recogida de basuras y consumo de agua potable ha posibilitado que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas abonen la prestación íntegra de los tres servicios señalados ya que, muchos de estos contribuyentes desatendían sus obligaciones ciudadanas con anterioridad.

Es gratificante comprobar como esta coalición, además de acusaciones, críticas y falacias, también ofrecen a la ciudadanía propuestas aunque, en absoluto nuevas puesto que, en el programa electoral elaborado por el PSPC para las elecciones de 2007 ya incluían la supresión de las tasas mencionadas así como, las de Guarderías, Tercera Edad, Juventud, Cementerio y Extinción de Incendios. No obstante, debo recordar a nuestros lectores, que cuando el portavoz de la coalición Caballas, Juan Luís Aróstegui, dirigía la gestión económica de la ciudad, sus planteamientos eran diametralmente opuestos a los actuales puesto que, en aquellos momentos se incrementaron todas las tasas municipales, se aprobó la implantación de una nueva figura impositiva, el Impuesto de Radicación, declarada posteriormente nula por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se instalaron los parquímetros en el centro de la ciudad. Decisiones, que incrementaron la presión fiscal real sobre la ciudadanía en un 166%.

En definitiva, corresponderá a la ciudadanía valorar en los próximos meses y actuar en consecuencia en relación a las incoherencias de un político, que les obsequia con promesas populistas cuando se encuentra inmerso en campaña pre electoral pero, adopta decisiones totalmente contradictorias cuando alcanza responsabilidades políticas. Debo indicarles, que todas las informaciones incluidas en esta colaboración pueden ser contrastadas puesto que, han sido extraídas de la hemeroteca del decano de los medios escritos de la ciudad por tanto, en ningún caso pueden ser catalogadas como interpretaciones partidistas o tergiversaciones de la realidad.

No es la primera vez que comparto con los lectores de este medio de comunicación mis reflexiones sobre la proliferación de actos vandálicos protagonizados por un número reducido de incívicos vecinos de la barriada del Príncipe. Actos vandálicos, que atentan gravemente tanto, contra la integridad física de los propios vecinos del barrio como, contra la de los que allí desempeñan unas labores profesionales esenciales en beneficio del vecindario; transporte sanitario, transporte público, bomberos, servicios de limpieza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local. Trabajadores, que han sufrido en innumerables ocasiones las consecuencias directas de unos ataques que les han provocado importantes secuelas físicas y psíquicas.

Sin embargo, en esta ocasión me pronunciaré respecto a las penúltimas manifestaciones protagonizadas por los portavoces de la coalición Caballas en relación a los últimos ataques protagonizados por unos jóvenes delincuentes contra los autobuses de la empresa concesionaria del servicio público de transporte a pesar, de la presencia de la Policía local así como, de los miembros de las brigadas cívicas de la barriada en el interior de los autobuses afectados. Unas manifestaciones en las que han responsabilizado de estos incidentes a una presunta mala gestión en la prestación del servicio por parte de la empresa concesionaria.

En este punto, debo puntualizar que la empresa en cuestión fue galardonada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos por la extraordinaria labor desarrollada en beneficio de los vecinos de Ceuta sin exclusión alguna así como, por las innovaciones introducidas en la prestación de este servicio esencial. Una empresa, que emplea a 85 trabajadores y que en los últimos años ha renovado su flota de autobuses con seis nuevas unidades. Un servicio público, que demuestra el compromiso con los jóvenes estudiantes de la barrida mencionada duplicando el número de autobuses que realizan el trayecto hasta la barriada (línea 8) durante el horario de salida de los centros educativos.

No obstante, debo señalar que el cúmulo de despropósitos no finaliza con estas acusaciones puesto que, finalizan su intervención planteando como solución definitiva al problema de los atentados contra los autobuses municipalizar el transporte público, evidenciando una nueva incongruencia de unos líderes políticos, que unas veces cuestionan la existencia de las empresas municipales y de los organismos autónomos y sin embargo, al día siguiente plantean la municipalización de un servicio que recibe la valoración satisfactoria de sus usuarios. Además, debo puntualizar que en aquellas ciudades españolas donde este servicio se encuentra municipalizado, dichas empresas presentan cuentas negativas mientras en nuestra ciudad, la empresa concesionaria presenta cuentas positivas. Los lectores de esta columna deben conocer, que los dirigentes municipales de ciudades como Madrid o Málaga trabajan infructuosamente en la privatización de dicho servicio como consecuencia directa de la situación de quiebra técnica de los mismos.

En definitiva, existen dos visiones bien diferenciadas en relación a una problemática que afecta esencialmente a los vecinos de esta populosa barriada. Por un lado, quienes entienden que nos encontramos ante una situación compleja, que requiere de una intervención multidisciplinar y por otro lado, quienes aprovechan estas circunstancias lamentables para desgastar a las formaciones políticas que sustentan tanto, al Gobierno de la nación como, al Gobierno autonómico. Sin ninguna duda, la solución definitiva no se alcanzará mientras existan intereses electoralistas que se antepongan al interés general.