El subdirector general de Menores declara al juez que le tiraron al suelo y le patalearon
12 marzo 2009 22:34 h.
La polémica no ha abandonado el asunto tampoco hoy. La jueza encargada del caso pretendió en un primer momento que ninguno de los que se personaron en el Palacio de Justicia para asistir a la vista pudieran hacerlo, impidiendo primero el acceso al Palacio de Justicia y después a la sala. Finalmente ante la falta de un motivo como el mantenimiento del orden público o causas morales tuvo que aceptar que pasaran a la sala un importante número de personas.
La versión del subdirector general de Menores, Luis María Fernández, ratificada por el amigo que le acompañaba que es a su vez Policía Nacional, fue calificada de “sorprendente”, por algunos miembros del sindicato que pudieron presenciar el juicio.
Fernández y su testigo aseguraron que cuando se encontraban en el pub cinco mujeres y dos hombres le golpearon, lo tumbaron en el suelo y lo patalearon. Al relatar esta versión una de las víctimas del sindicato no pudo reprimir su indignación y tuvo que ser expulsada de la sala por la jueza. Posteriormente al darse cuenta que podría contaminar a testigos que aún se encontraban esperando para entrar en la sala, la magistrada ordenó expulsarla también del edificio.
Versión completamente distinta de los hechos que la que manifestó el propio secretario general de la Federación de Comercio y hostelería de Comisiones Obreras, Juan Antonio Alonso, al día siguiente de los hechos y que ha ratificado hoy.
El comisionista aseguró que al llegar al pub, Fernández se dirigió a él para preguntarle si era de Comisiones Obreras, ante la respuesta afirmativa, recibió un golpe, al que contestó al levantarse, entre otras razones porque Fernández no se detuvo y en su agresión fue también a por su esposa y otra amiga, también afiliada a Comisiones Obreras que les acompañaba.
Dos versiones de los hechos que quedan ahora en manos de la jueza que ha llevado el caso. Según los miembros de Comisiones Obreras que acudieron al juicio, la juez no permitió algunas preguntas del magistrado de Comisiones Obreras, que con anterioridad a la vista había tratado de recusar a la juez por un escrito en el que aseguró que la intención del sindicato era sacar rédito político a la causa.
En concreto la magistrada no creyó oportuno que el letrado de Comisiones Obreras preguntara al testigo de Fernández, Policía Nacional de oficio, como actuaba normalmente ante una agresión como la descrita por el subdirector general de Menores y por él mismo. El letrado del sindicato “intentó explicar sin éxito que como Policía Nacional debía estar obligado casi a detener a los supuestos agresores y en esta ocasión ni intervino”. Tampoco permitió la jueza que se dedujera falso testimonio al subdirector general de Menores.
Finalmente la Fiscalía acabó pidiendo multa e indemnización para las dos partes enfrentadas. Los sindicalistas solicitaron la multa máxima prevista para estos hechos 20 días por agravante ideológico, ya que entienden que fueron agredidos por el mero hecho de pertenecer a un sindicato, y renunciaron a indemnización alguna por las lesiones sufridas en la pelea.
La defensa del subdirector general de Menores solicitó una multa de 10 días y en cambio no renunció a la indemnización por los daños sufridos, estimó la misma en 1.500 euros.
Al subdirector general de Menores le queda aún pendiente la denuncia que interpuso la Policía Local contra él aquella misma noche del 23 de enero por desobediencia con claros síntomas de embriaguez.
