Sigue el tira y afloja entre sindicatos y Gobierno local por la rebaja salarial aplicada a los trabajadores de las sociedades municipales, como sigue rodando la tierra alrededor del Sol. La disputa amenaza con eternizarse. Si los sindicatos ya han avisado que plantearán conflicto colectivo por la medida aplicada por el Ejecutivo, ahora es el Gobierno el que lanza otra advertencia: Se cumplirá con el Plan de Ajuste, de un modo u otro, si no se puede ahorrar rebajando los sueldos, porque así lo estima la Justicia, se realizará de otro modo. Y ese otro modo, aunque se intenta evitar decirlo claramente, es rebajando personal, es decir mediante despidos.

Eso es lo que se ha deducido de las palabras del portavoz del Gobierno de Vivas, Guillermo Martínez este viernes durante su comparecencia ante la prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Martínez ha defendido el recorte salarial aplicado como “necesario para garantizar la solvencia” de las arcas públicas, y esta vez ha ido un poco más allá y ha puesto también el calificativo de “ético”. Esa justicia al recorte atribuida por Martínez se basa en un argumento que no es nuevo: El portavoz ha vuelto a recordar que cuando Zapatero decretó una rebaja salarial para todo el personal público en 2010 los trabajadores de las empresas municipales se quedaron al margen porque así lo quiso el Ejecutivo de Vivas. Es decir, les toca ser solidarios.

El portavoz del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda ha vuelto a insistir en que la medida aplicada es equitativa ya que verán recortado su sueldo en mayor cuantía los que más cobran y en menor cuantía los que menos cobran, llegando incluso a no verlo recortado aquellos trabajadores que lo tienen bajo en comparación con el resto.

El recorte oscila entre el 3 y el 6 por ciento en los casos en los que se ha aplicado. Y el Gobierno pretende con esta medida lograr un ahorro de 2,5 millones de euros anuales. En este 2012 el ahorro será algo menor, aproximadamente la mitad, dado que es ahora cuando se ha comenzado a aplicar.

La medida puede ser susceptible de modificación si así lo estima la Justicia a la que recurrirán los sindicatos, no así el ahorro. “El Gobierno va a cumplir el Plan de Ajuste”, sentenció rotundo Martínez. “Lo estamos haciendo intentando mantener el empleo estructural, garantizando los servicios públicos esenciales y los servicios sociales”, ha añadido.

Pero si la Justicia complica la situación y da la razón a los sindicatos anulando la rebaja salarial impuesto por el Gobierno, entonces “habrá Plan B y se cumplirá con el ahorro. Si no puede ser mediante la vía de recortar sueldos se hará por otras vías”, ha dejado caer Martínez.

El portavoz gubernamental también ha dejado claro “que esa no es la intención del Gobierno”, pero no ha dejado de insistir en que “será la Justicia quien determine si es legal la rebaja impuesta. Pensamos que es legal y no compartimos la posición de los sindicatos de plantear un conflicto colectivo. Si no lo es, rectificaremos. Analizaremos la situación y veremos con qué otras medidas podemos conseguir ese ahorro”, ha reflexionado Martínez.

El portavoz ha evitado referirse de un modo directo a los despidos, pero en sus palabras está clara la aparición de esa sombra que pudiera ensombrecer un posible éxito de los sindicatos en su demanda colectiva contra el Gobierno.