El sindicato CGT ha presentado conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social de Ceuta contra la Delegación de Gobierno para exigir el respeto a los salarios y condiciones laborales establecidas en el IV Convenio del personal laboral de la Administración General del Estado a las 722 personas que forman parte del plan de empleo 2021/2022 “tras los abusos que se siguen perpetrando contra todas ellas derivados de unos contratos fraudulentos y contrarios a la legalidad”.

El conflicto colectivo se apoya, explican desde CGT, “en el rosario de sentencias condenatorias” contra la Delegación del Gobierno por loso contratos de los planes de empleo de años anteriores en las que tanto el juzgado de lo Social de Ceuta como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han señalado que se está violando el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de las personas contratadas.

La demanda de Conflicto Colectivo se suma a la denuncia presentada ante la Fiscalia de Ceuta contra Salvadora Mateos por este asunto, que fue admitida a trámite y se encuentra pendiente de informe del Fiscal tras haber tomado declaración al Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, como denunciante, a los pocos días de su interposición. “Insistimos en que la Delegada del Gobierno que se dice más progresista de la historia debe ser cesada fulminantemente, no solo por las múltiples condenas judiciales que obran en su contra sino también por perpetuarse en la insumisión al cumplimiento de las mismas y por la reiteración en violar los derechos fundamentales como firmante de 722 contratos del plan de empleo 21/22, que incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20.

“La actuación temeraria de Salvadora Mateos —acusan— no puede seguir quedando impune ante la mala fe demostrada hacia los trabajadores/as del plan de empleo 2021/2022 conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española.

CGT resalta “las nefastas condiciones laborales a las que están siendo sometidas las personas contratadas en este plan de empleo tanto en materia de prevención de riesgos como en materia de prestaciones sociales y laborales al castigarse económicamente a quienes como consecuencia de la pandemia están cayendo en situación de Baja Médica (IT) y no perciben las retribuciones correspondientes, discriminándolas directamente también en situación de enfermedad pandémica mientras al resto de la clase trabajadora se le considera como accidente de trabajo y se le retribuye como tal”.

Según el sindicato, los contratos suscritos en los planes de empleo 2021/22 contienen múltiples condiciones que no se ajustan a derecho: “No se respeta el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado con lo que el trato desigual y discriminatorio se institucionaliza, pese a las sentencias más de 50 sentencias del juzgado de lo social de Ceuta confirmadas por el TSJA declarando la Vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad art 14 CE y condenan a la Delegación del Gobierno en Ceuta por infringir la Constitución; se realizan contratos de Obra y Servicios determinados (clave 401), precisamente este tipo de contrato acaba de ser anulado en el acuerdo de Reforma Laboral del Gobierno, patronal y Sindicatos domesticados; incluyen en su cláusula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio “fuera de convenio único para el personal laboral de la AGE; se fijan para distintas categorías profesionales salarios inferiores al Salario Mínimo Interprofesional fijado actualmente en 1000 euros por catorce mensualidades, en concreto se establece un salario base de 847.35€ en los que se incluye la prorrata de las pagas extra y de la indemnización de los 6 días por finalización del contrato (12 días por año”.

El sindicato considera que al tratarse de contratos realizados por la Administración Pública, deben ser claro ejemplo de cumplimiento de la legalidad y de los principios constitucionales, pero “la Delegación del Gobierno en Ceuta se ha declarado abiertamente insumisa al cumplimiento de las normas legales y convencionales”. Por todo ello creen que “Mateos no debiera seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta”.