La portavoz ha recordado que la situación de los vecinos de la zona es conocida perfectamente por Asuntos Sociales, que ya tiene informes sobre las familias, por lo que la situación que se produzca no va a sorprender a la Administración local. Eso sí, Bel ha indicado que la cooperación entre administraciones debe producirse, ya que una vez los actuales residentes abandonen sus casas estas deben ser derribadas de inmediato para evitar que se ocupen de nuevo.
En cuanto a las peticiones de UDCE-IU de que se estudien los posibles derechos adquiridos por los afectados, que según la coalición llevan viviendo años en la zona, carecen de base legal según el responsable de Fomento de la Delegación del Gobierno, Jesús Padillo, que afirma que la ocupación en la zona no se remonta tan atrás, y que residir en una vivienda ilegal no dan ningún tipo de derechos sobre la parcela en la que se encuentra construida.