DISCIPLINA URBANÍSTICA

Fomento se da seis meses para que Tragsa eche abajo el 'rascacielos' ilegal del Príncipe

Fomento se da seis meses para que Tragsa eche abajo el 'rascacielos' ilegal del Príncipe
Imagen de la torre ilegal del Príncipe.
Imagen de la torre ilegal del Príncipe.  

La Consejería de Fomento está decidida a echar abajo el 'rascacielos' ilegal ubicado enfrente del Poblado Legionario, en pleno Príncipe Alfonso, paradigma de la vulneración de la normativa urbanística en Ceuta. A tal efecto, su titular, Néstor García, ha emitido un nuevo Decreto en el que se da un plazo de seis meses para la "ejecución forzosa" y subsidiaria por parte de Tragsa de la demolición del inmueble.

Se hará atendiendo al auto 502/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta por el que se autorizó a la Administración a entrar en las obras "de titular desconocido".

El presupuesto de la operación de restablecimiento de la legalidad se eleva ahora, según los últimos cálculos efectuados, a nada menos que 283.682 euros que supuestamente tendría que acabar pagando el responsable de la obra irregular.

Los interesados, si es que aparecen, pues nunca se ha conseguido identificar al propietario o promotor del bloque de siete plantas de altura, tienen un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Para Fomento la demolición del edificio es una cuestión "de interés general" porque "afecta a la seguridad e integridad física de las personas (viandantes, peatones, trabajadores, propietarios y moradores de viviendas colindantes)" y "a la Defensa Nacional".

Casi tres años poniendo ladrillos

La Policía Local ha constatado durante las últimas semanas que sigue la actividad ilegal en el edificio levntado enfrente del Poblado Legionario, obras que ya se pusieron en manos de la Fiscalía y el Juzgado en 2016 pero cuyas diligencias fueron archivadas “hasta que sea habido los propietarios o responsables de la obra”, tarea en la que aún se afana la Administración, que espera poder echar abajo la torre aunque no lo consiga.

La historia se remonta a hace ya casi tres años. En agosto de 2015, la Policía Local alertó de que había venido observando que se estaban realizando obras que evolucionaban con gran rapidez, primero tres plantas, al rato seis, con el tiempo siete, y de que se había intentado localizar al promotor o propietario, “siendo negativa dicha identificación”.

El Ministerio de Defensa corroboró que “como consecuencia de las inspecciones periódicas que realiza la patrulla del Servicio de Vigilancia y Control  Permanente de Parcelas del Negociado de Propiedades se ha detectado en la parcela denominada ‘Príncipe Alfonso’ una obra de mampostería consistente en la demolición de una vivienda y su posterior construcción de otra en tres plantas de mampostería, desconociéndose al responsable de las mismas”.

En octubre de 2016, la Consejería mandó  la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días.

Ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”.

Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se procediese a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”, ahora en, parece, definitiva cuenta atrás.