García reconoce que “el PGOU no soluciona las necesidades de Ceuta”


García reconoce que “el PGOU no soluciona las necesidades de Ceuta”

- Aún así da la razón a Arnáiz que defiende que hay que aprobarlo “como sea” para evitar la paralización durante 5 años del urbanismo local

- Los expertos que han informado sobre el Plan reconocen que no ha habido avances sobre el 40 por ciento del suelo que es propiedad de Defensa, ni en el Príncipe

- Los técnicos responsables del Plan espera que el Pleno de la Asamblea pueda dar la aprobación definitiva en febrero de 2017

El Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de algunos informes preceptivos se espera que pueda ser aprobado de forma definitiva por el Pleno de la Asamblea en febrero de 2017, momento a partir del que le restaría sólo el visto bueno del Ministerio de Fomento para entrar en vigor, según anuncio este martes durante las Jornadas para divulgar el mismo organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes, Aurora Visiedo, técnico de la propia oficina del PGOU. Si bien, como reconoció el propio consejero de Fomento, Néstor García, en respuesta a un furibundo ataque del diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, el Plan que se va a aprobar “no cumple con las necesidades de la ciudad”.

Al menos no en lo urbanístico. La síntesis la hizo Aróstegui durante el coloquio con tres de los responsables, Visiedo, y los arquitectos, Javier Arnáiz y José Pedro Pedrajas. Aróstegui pidió el micrófono para hacer un repaso a la “huida hacia delante” que hasta ese instante habían ido dibujando unos y otros expertos:

“Arnáiz lo ha dicho muy bien: Los políticos le han dado este rompecabezas para que lo rehaga (…) Discrepo en que haya voluntad de participación de la ciudadanía, no se quiere que esto trascienda más allá de esa mesa (los tres técnicos mencionados). Esto se hace cuando ya está aprobado. Tenemos una Radio Televisión Ceuta que nos cuesta 3 millones de euros ¿cuántos debates sobre esto se han emitido?¿Cuántos responsables han acudido a la tele a explicar el Plan? Yo sé que entender de coeficientes es difícil, pero cualquier vecino entiende si está bien o mal que le construyan un edificio, un polideportivo o una escuela o un vial (…) Interesa más las aprobación que el contenido. También lo ha dicho muy claro Arnáiz: ‘Esto hay que aprobarlo cómo sea’. Yo no lo comparto, yo creo que hay que aprobar el plan que sea bueno (…) Pero este no resuelve los problemas, según han dicho los expertos: El 40 por ciento del suelo que es de Defensa no se toca. No hay un solo avance ahí. En el Príncipe, que viven 20.000 personas, no hay un solo avance. Y por el contrario dicen que hay suelo de sobra para construir VPO, que de equipamientos estamos bastante bien (…) No lo entiendo, lo que sí entiendo es que hay personas que salen muy bien paradas de este plan y que no interesa debatir nada sobre el mismo. Tenemos una densidad de población de 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros en el Pleno pedimos abrir, solo abrir el debate de construir en altura. Yo veo Loma Colmenar con dos plantas y pienso si aquí hubiera 10 o 12 alturas en vez 225 viviendas habríamos dado vivienda a 1.000 familias. Si no tenemos espacio tendremos que crecer en altura. El Plan corrige alturas a lo loco, pero no se quiso abrir ese debate”.

Eso y una Ley de 1976 que rige por la anómala situación y encaje de Ceuta y Melilla en algunas cuestiones legales los designios urbanísticos de las dos ciudades cuando el resto de autonomías se acogen a normativas propias o de los años 90, fueron algunos de los argumentos con los que agitó el coloquio Aróstegui, que usó para su crítica siempre argumentos y datos facilitados por los diversos expertos que a lo largo de toda la tarde del martes pasaron por la mesa divulgativa de las jornadas.

El consejero de Fomento tomó entonces el micrófono para tratar de contestsar algunos puntos. Fue ahí cuando reconoció lo que había ido quedando patente ponencia tras ponencia que no se resolvían cuestiones fundamentales del urbanismo local, si bien la justificación para dar la razón a Arnáiz cuando defendió que había que aprobar el plan “como fuera” la basó en el tiempo y el final de las licencias legales. “La otra opción es quedarse con el de 1992 y eso supone paralizar todo 5 años. Eso no lo quiere nadie. Al menos soluciona legalmente los problemas”, defendió García.

Zonas Verdes

Quizás el déficit más acuciante de la ciudad y que no está tampoco resuelto en el PGOU es el de las zonas verdes, la actual legislación obliga a una determinada superficie de zonas verde por habitante (5 metros cuadrados) que tal y como señaló uno de los intervinientes se alcanza con el actual plan “ni sumando los acantilados”.

Otro tanto pasa con la sostenibilidad del transporte y el problema del tráfico, para lo que Arnáiz ya aventuró que la solución pasa por ir más allá del urbanismo, apuntando sin llegar a decirlo que igual la solución es restringir al tráfico zonas de la ciudad para forzar cambios en los hábitos de desplazamiento.

Y es que en los básico apenas hay cambios urbanísticos de interés en el nuevo plan a juzgar por el repaso de los expertos, más allá de que Fomento ha pedido que se mantenga la reserva de terreno necesario para la construcción del vial puerto-frontero o zonas de nueva expansión cerca de la frontera y alrededor del Príncipe, y la nueva cárcel.

Se protege más el Hacho, pero se renuncia por ejemplo a recuperar el foso seco y solucionar la plaza vieja y el patio Hachuel como se venía planteando desde hace años, tampoco parece que habrá traslado a la zona portuaria ni de Cepsa ni de Dúcar, cuyas instalaciones en Benítez y Calamocarro iban a ser aprovechadas para urbanizar y generar zonas verdes nuevas.

VPO

Otro de los problemas que tampoco se resuelve es la enorme reserva de bolsa para VPO con la que cuenta la Ciudad en la actuar ordenación, cerca de 2000 viviendas protegidas se podrían levantar desde ya. Unas 1.000 en la zona de Loma Colmenar por el convenio firmado en su día con el Gobierno central.

Ahí los propios expertos venidos desde Madrid han lanzado al aire la pregunta de si en el documento definitivo se va a mantener esa enorme bolsa de reserva. La duda la ha despejado García apostando por el sí rotundo y claro, y señalando el método de la cesión de derechos de suelo a promotores privados como camino para desarrollar vivienda pública en los próximos años al tiempo que se logra dinamizar el sector de la construcción.

Casi acto seguido ha recibido un jarro de agua fría, el micrófono lo ha cogido entonces el responsable de la promotora GVesta, Antonio Barranco, para decirle a García de forma muy suave, pero muy clara que “la vivienda protegida la puede construir sólo el Ayuntamiento porque al precio tasado es imposible para un promotor privado encontrar rentabilidad, señalando además el limite de los 1.300 euros por metro cuadrado. Barranco le ha añadido además sobre posibles fórmulas mixtas que “sabes Néstor que hemos estado estudiando los números con mucho cariño, pero no salen. No es posible para el promotor privado encontrar rentabilidad y luego además se necesitaría un guardia jurado en cada promoción. Y luego al que no pague la Administración tendría que echarlo a la calle”, ha añadido.

Y es que el problema que se le plantea a la Ciudad es además que desde las instituciones estatales se ha dejado de subvencionar la compra de vivienda pública para apostar por las fórmulas del alquiler lo que dificulta aún más esa idea de la colaboración público privada para la construcción.

Arnáiz desatado

En el lado de lo más anecdótico, pero que puede dar una idea de cómo se ha venido planificando la ciudad en lo urbanístico, Arnáiz ha contado algunas anécdotas de cómo todo es cambiante y los arquitectos municipales al final se ven obligados a reaccionar adaptando lo que pueden.

El Helipuerto por ejemplo presentó en su día grandes problemas para su apertura, “nadie lo quiere ahí”, ha lanzado uno de los intervinientes, sin que nadie le desmintiera. Arnáiz se limitó a aclarar que se “puso ahí sin pasar ni informe de impacto medioambiental” dando la razón a la acusación de que se construyó para satisfacer al entonces ministro Álvarez Cascos en su estrategia electoral.

“Por ejemplo ahora hemos puesto en el Muelle España unos adoquines muy bonitos para las botas de los rusos, pero ahora resulta que ya no vienen más, y tenemos un adoquín para los cruceristas de 70 años que es impracticable y habrá que cambiar”, ha ejemplificado Arnáiz.

Y contando historias similares para otros equipamientos como el Hospital de Loma Colmenar, la Comandancia de la Guardia Civil que iba en las Heras, el cuartel de la Policía Nacional de Ybarrola, de nuevo apunta a centro de enseñanza o el propio vial Puerto Frontera o la nueva cárcel. Equipamientos al fin y al cabo sobre los que Arnáiz insitió en un concepto para matizar al experto del ministerio Jorge Martínez Chapa: “no estamos mal en el número, pero los tenemos muy mal ubicados y habría que reordenarlos”, aunque por lo expuesto por unos y otros queda claro que el nuevo Plan no prevé esa reordenación.